El 94% de la población cubana sobrevive en pobreza extrema y el 95% rechaza la gestión del régimen, según el OCDH

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó su IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en la Isla, un exhaustivo documento que sitúa al 94% de la población en pobreza extrema y cifra en 95% la desaprobación de la gestión económica y social del Gobierno. La presentación, llevada a cabo en la Florida International University (FIU) durante el encuentro \»Colapso social en Cuba\», expone con datos rigurosos el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el agotamiento total del modelo impuesto por el régimen de La Habana.

El estudio, expuesto por Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, se fundamenta en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias del país, con un margen de error de ±2,8 puntos y un nivel de confianza del 95%. La radiografía resultante dibuja un panorama desolador: el 63% de los entrevistados declaró tener dificultades insalvables incluso para adquirir los bienes esenciales, mientras que otro 30% aseguró disponer de ingresos suficientes únicamente para cubrir las necesidades más básicas. Apenas un exiguo 6% de la población tiene la capacidad económica de realizar compras más allá de lo imprescindible para sobrevivir.

La precariedad económica tiene un impacto directo y devastador en la nutrición de los hogares cubanos. Ocho de cada diez personas consultadas afirmaron haber dejado de desayunar, almorzar o comer en algún momento de los seis meses anteriores a la encuesta, ya fuera por falta de dinero, por la ausencia de alimentos en el mercado o por la combinación de ambos factores. La situación se agrava de manera alarmante entre los adultos mayores: en el segmento de la población que supera los 61 años, nueve de cada diez personas han visto interrumpida su alimentación diaria. A esto se suma que el 68% de los hogares reportó ingresos mensuales inferiores a 20.001 pesos cubanos, una cifra que en el contexto de la inflación galopante de la isla resulta insuficiente para acceder a la canasta básica.

Colapso total de la infraestructura y los servicios públicos

El informe del OCDH no se limita a la medición de la pobreza monetaria, sino que también refleja el desplome de la infraestructura estatal, un síntoma inequívoco del fracaso del modelo centralizado. La infraestructura eléctrica encabeza las evaluaciones negativas, con un 95% de la población que considera malo su estado. Esta estadística se materializa en apagones prolongados que asfixian la vida cotidiana, un hecho corroborado durante el panel por el sacerdote José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional Ermita de la Caridad, quien relató el caso de un sacerdote en Cuba que contó con apenas 36 horas de electricidad durante 14 días.

El 94% en pobreza extrema: ¿hasta dónde llegó la crisis de Cuba?

El deterioro se extiende a todos los ámbitos de la vida ciudadana. El 87% califica de negativa la recogida de basura y el manejo de los vertederos, lo que ha generado focos de insalubridad y proliferación de vectores de enfermedades. El acceso a internet y telefonía, un servicio ya de por sí controlado y censurado, es evaluado como malo por el 86% de los encuestados. Los acueductos y alcantarillados reciben una valoración negativa del 84%, mientras que los hospitales y centros de salud —grosor histórico de la propaganda oficial— son rechazados por el 82% de la población. Las carreteras cierran la lista con un 80% de evaluación adversa, evidenciando el aislamiento geográfico y la paralización de la logística interna.

Rechazo social y agotamiento de la legitimidad

Ante este escenario de privaciones múltiples, el estudio refleja un amplio y transversal rechazo a la gestión económica y social del gobierno cubano. El 73% de los consultados califica la administración del ejecutivo cubano como \»muy negativa\», y otro 22% la considera \»negativa\». Frente a esta abrumadora mayoría, solo un 3% de la población valora positivamente la acción del Estado, un dato que desmiente cualquier narrativa oficial sobre el respaldo popular al régimen. Además, el 84% de los cubanos no confía en que las recientes medidas económicas oficiales puedan mejorar la situación del país, evidenciando una total pérdida de credibilidad en las políticas implementadas por las autoridades de la isla.

La presentación del informe fue introducida por la activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa Cuba Decide y coordinadora de Pasos de Cambio, quien describió la situación en la Isla como una crisis de enorme gravedad y una catástrofe humanitaria innegable. Payá atribuyó la crisis al colapso intrínseco de un sistema que ha destruido la capacidad productiva de la nación, empobrecido a las familias y degradado los servicios esenciales. En su análisis, advirtió que el descontento social, si permanece disperso y sin un rumbo común, puede traducirse en una mayor fragmentación social y política, lo que exige la articulación de alternativas claras y democráticas.

Rosa María Payá durante la presentación. (Foto: Cortesía del OCDH)

Contexto: El fracaso estructural y la represión de la dictadura

Los datos expuestos por el OCDH no son hechos aislados, sino la culminación de décadas de fracaso en la gestión centralizada y la dependencia de patrones externos. La crisis estructural de Cuba hunde sus raíces en la incapacidad del régimen de La Habana para construir una economía soberana y productiva. Tras el colapso de la Unión Soviética y la posterior reducción del apoyo venezolano en forma de petróleo subsidiado, la economía cubana ha demostrado su ineficacia crónica. El llamado \»Ordenamiento Monetario\» implementado recientemente por el gobierno cubano no hizo más que disparar la inflación, devaluar el salario real y empobrecer aún más a la clase trabajadora, empujándola a la indigencia.

Este colapso económico va aparejado a un aumento sistemático de la represión. Ante el crecimiento del descontento social, la dictadura cubana ha optado por el endurecimiento de las tácticas de control, la criminalización de la protesta y el uso de la violencia estatal contra la oposición política y la sociedad civil. La falta de libertades fundamentales, la censura estricta y el hostigamiento constante a quienes intentan organizarse impiden que la indignación popular se traduzca en cambios institucionales pacíficos. Como resultado, cientos de miles de cubanos han optado por el exodo migratorio masivo, despojando a la isla de su fuerza laboral y de su capital humano, lo que profundiza aún más el abandono de la tierra y el envejecimiento de la población.

La urgencia de una transición planificada y la ayuda humanitaria

Frente a la magnitud de la crisis, los panelistas coincidieron en que la respuesta no puede limitarse al diagnóstico. Teo Babun, presidente y director ejecutivo de Outreach Aid to the Americas, sostuvo que \»la crisis es ahora\» y defendió que la ayuda internacional debe ser rápida, comunitaria, descentralizada, transparente y escalable. En la misma línea, Payá enfatizó que un eventual proceso de transformación \»no puede improvisarse\» y planteó la necesidad de un plan de asistencia humanitaria para una fase de estabilización que garantice acceso inmediato a alimentos, medicinas, agua potable y energía, mediante mecanismos de distribución que eviten el filtro corrupto e ineficiente del Estado.

Presentación del IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba. (Foto: Cortesía del OCDH)

La activista también hizo un llamado a la reunificación nacional, la prosperidad, la desmilitarización del Estado y la erradicación del poder político de doctrinas totalitarias, instando a la participación de los cubanos dentro y fuera de la Isla. \»Cada cubano, donde quiera que se encuentre, está llamado a sumarse. Esto es para todos, incluidos los que hoy todavía están trabados dentro de las estructuras totalitarias\», afirmó, remarcando que nadie puede sustituir al pueblo cubano en la tarea de reconstruir el país.

Las conclusiones del IX Informe del OCDH dejan claro que el deterioro de los derechos sociales en Cuba es inseparable de la falta de libertades políticas. Mientras el régimen de La Habana se aferra al poder mediante la represión y el control absoluto, la población se hunde en la miseria y la desesperanza. La comunidad internacional se enfrenta al reto de articular políticas que apoyen a la ciudadanía sin fortalecer a la maquinaria represiva del Estado. Como concluyó Payá, proteger a la población durante el camino hacia la reconstrucción es una responsabilidad compartida, pero la única salida real para que se acabe la catástrofe humanitaria en Cuba es el fin definitivo de la dictadura.