La activista Carolina Barrero, junto a varias organizaciones de derechos humanos, se reunió con la Relatora Especial de Naciones Unidas para exponer cómo la dictadura cubana utiliza su marco normativo para anular el derecho de asociación y perseguir a la ciudadanía independiente.
En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la directora ejecutiva de la organización Ciudadanía y Libertad presentó a la relatora Gina Romero el informe \»El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión\». Al encuentro asistieron representantes de la Unión de Expresos Políticos Cubanos, Center for a Free Cuba, Consorcio Justicia, Freedom House y Human Rights Foundation. El documento detalla el mecanismo institucional mediante el cual el régimen de La Habana impide la existencia de organizaciones ajenas a su control político.
El estudio, dado a conocer previamente en mayo, expone que la Ley 54/1985 funciona como un filtro ideológico que bloquea el registro de cualquier iniciativa autónoma. A esto se suman la Ley 80/1996 y la Ley 88/1999, las cuales penalizan el acceso a financiamiento internacional bajo el pretexto de impedir la colaboración con gobiernos extranjeros. Esta telaraña jurídica, señala el texto, consolida un sistema que neutraliza cualquier forma de agrupación cívica fuera de las estructuras del Estado.
Opacidad institucional y persecución política
El análisis también subraya la falta de acceso público al Registro de Asociaciones, una opacidad que refuerza el monopolio estatal sobre la vida pública. Como resultado de estas políticas, las entidades reconocidas operan subordinadas al aparato oficial, mientras que quienes intentan organizarse de manera independiente enfrentan el acoso sistemático de la dictadura cubana. La persecución se traduce en amenazas laborales, marginación social y hostigamiento constante hacia sectores vulnerables como estudiantes, campesinos, mujeres y familiares de presos políticos.
Esta criminalización de la sociedad civil no es un hecho aislado, sino que se inserta en la crisis estructural que atraviesa la isla. El colapso económico, la inflación galopante y el éxodo migratorio masivo ocurren en un escenario donde la ciudadanía carece de herramientas legales para exigir derechos o agruparse para demandar soluciones. El gobierno cubano mantiene el control social a través del miedo y la represión institucionalizada, impidiendo cualquier evolución hacia la apertura democrática y silenciando el descontento social.
La presentación de este informe ante la Relatoría Especial busca comprometer a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales a tomar medidas frente a la represión en la isla. Las organizaciones involucradas aspiran a que esta denuncia abra nuevos canales de presión internacional y acompañamiento a los activistas, con el objetivo de sostener una agenda a largo plazo que exija garantías legales, el respeto a las libertades básicas y el fin de la persecución política en Cuba.
