Organizaciones independientes han verificado al menos doce intentos de feminicidio en diversas provincias de la isla, incluyendo a dos menores de edad. Las agresiones, perpetradas exclusivamente por el hecho de ser mujeres, evidencian el agravamiento de la violencia machista en medio de la falta de políticas estatales efectivas y la ausencia de una tipificación legal que reconozca este delito.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) detallaron que las víctimas de estos ataques casi mortales son nueve mujeres cisgénero, una mujer trans y dos niñas. Los hechos se distribuyen a lo largo del territorio nacional, con incidentes reportados en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Adicionalmente, las organizaciones investigan dos casos más en Guantánamo y Villa Clara que podrían sumarse a esta alarmante estadística.
Este reporte se produce apenas unos días después de que ambos observatorios confirmaran dos nuevos feminicidios en La Habana y Granma, elevando a 35 el número de víctimas mortales por violencia machista durante 2025. La cifra contrasta con la reticencia de las autoridades de la isla para abordar el problema con la gravedad que requiere. A mediados de año, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, reportó que en procesos judiciales concluidos en 2024 se contabilizaron 76 mujeres asesinadas por razones de género, aunque evitó deliberadamente utilizar el término \»feminicidio\».
Opacidad institucional y represión contra la sociedad civil
La falta de transparencia y el hostigamiento a la sociedad civil son obstáculos determinantes para erradicar esta violencia. Desde 2019, el OGAT y YSTCC han documentado al menos 300 feminicidios en el país, labor que han desarrollado en un entorno hostil marcado por la criminalización del activismo feminista por parte de la dictadura cubana. La inexistencia de una ley integral contra la violencia de género y la falta de protocolos públicos de registro obligan a las organizaciones a trabajar con fuentes restringidas, mientras el Estado se niega a publicar estadísticas anuales desagregadas y con metodologías claras.
La negativa del ejecutivo cubano a reconocer el feminicidio como tal y a implementar mecanismos de protección efectivos deja a la ciudadanía, especialmente a las mujeres y niñas, en un estado de total desamparo. La persistencia de esta crisis estructural no solo refleja el desprecio del régimen de La Habana por los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino que augura un escenario aún más crítico si la comunidad internacional no exige rendición de cuentas y la adopción de medidas urgentes para frenar el avance de la violencia machista en la isla.
