La Habana enfrenta una crisis energética crónica que ha transformado la rutina de millones de cubanos, quienes organizan sus vidas en torno a la incertidumbre del suministro eléctrico. Mientras el régimen de La Habana atribuye el colapso a factores externos, la población enfrenta la escasez de alimentos, la inflación y el miedo a la represión, lo que ha silenciado las protestas sociales y exacerbado el éxodo migratorio.
La planificación diaria en la isla se ha reducido a la lectura de los partes de la Unión Eléctrica, buscando anticipar los cortes de luz que en la capital duran horas, pero en las provincias pueden extenderse por más de 20 horas diarias. Ante esta realidad, las autoridades de la isla han instaurado un nuevo vocabulario para maquillar la escasez, como la venta \»presencial\» de alimentos básicos como el arroz, un eufemismo que encubre una competencia desesperada por recursos insuficientes. La obtención de efectivo en bancos y cajeros automáticos también se ha visto severamente limitada por la inestabilidad tecnológica y las reducidas jornadas laborales impuestas por el ejecutivo cubano.
Para mitigar la falta de electricidad, la ciudadanía se ve obligada a recurrir a alternativas costosas que erosionan sus ya mermados salarios. Un saco de carbón puede costar 1.500 pesos, equivalente a más de un cuarto del salario mensual de un profesional, mientras que una bombona de gas en el mercado negro alcanza los 15.000 pesos. La adquisición de ventiladores con paneles solares o plantas eléctricas requiere meses de ahorro o remesas del extranjero, creando una brecha de desigualdad incluso en la precariedad. La imposibilidad de costear estas alternativas, sumada a la falta de recursos para emigrar, ha propiciado un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas como mecanismo de evasión ante la profunda crisis.
Represión y silencio social ante el colapso
El colapso del sistema eléctrico es un síntoma de la decadencia estructural de la isla, marcada por la corrupción, la falta de inversión y la ineficiencia del gobierno cubano. Sin embargo, a diferencia de las protestas masivas del verano de 2021, la actual crisis no ha generado una respuesta social contundente en las calles. La dictadura cubana ha logrado instaurar un terror paralizante mediante la criminalización de la disidencia, las condenas injustas y la violencia estatal desatada tras la \»orden de combate\» emitida en aquel entonces. Los cacerolazos han cesado, no por conformidad, sino por el miedo a las represalias y por el éxodo de cientos de miles de cubanos que han elegido cruzar fronteras en lugar de enfrentar la represión policial.
La élite en el poder ha aceptado de manera tácita el fracaso de su modelo económico y político, optando por mantener un sistema de control basado en el malvivir y la pobreza generalizada. Mientras la población sufre las consecuencias de una infraestructura en ruinas, el futuro de la nación se debate entre la asfixia económica interna y la continuidad de un flujo migratorio sin precedentes. La comunidad internacional observa cómo la falta de libertades y el colapso institucional empujan a la sociedad cubana a un punto de no retorno, donde la mera supervivencia diaria ha reemplazado cualquier expectativa de transformación democrática.
