La destitución de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, tras admitir públicamente la existencia de mendigos en la isla, ha evidenciado la política de negación y censura del régimen de La Habana frente a la crisis social. Su salida del gabinete no respondió a un error de diagnóstico, sino a la filtración de una realidad que las autoridades de la isla prefieren ocultar, desatando una inmediata y orquestada campaña de \»sensibilidad\» en los medios estatales para mitigar el daño.
Feitó Cabrera hizo sus declaraciones el pasado 14 de julio ante el Parlamento, un espacio tradicionalmente blindado para la disidencia o la autocrítica genuina. Su afirmación de que en el país existían personas en situación de mendicidad, respaldada en su momento por los asistentes, resultó intolerable para la cúpula del poder al trascender las grabaciones oficiales. La destitución de la funcionaria no fue un acto de justicia social, sino un castigo ejemplar por la imprudencia de exponer en público los estragos de la crisis económica que azota a la población.
Inmediatamente después de su cese, el gobierno cubano activó una maquinaria propagandística para reorientar el discurso. Bajo el lema \»#QueNadieQuedeAtrás\», figuras como el primer ministro Manuel Marrero Cruz intentaron demostrar la supuesta eficacia de la Asistencia Social, citando cifras de más de 310.000 personas atendidas y anunciando incrementos en las pensiones. Sin embargo, este giro retórico contrasta de forma abrupta con las políticas implementadas meses atrás, enfocadas en el control y la ocultación de los sectores vulnerables.
Represión y ocultamiento bajo el discurso de \»amor infinito\»
La narrativa de empatía desplegada recientemente por las autoridades de la isla, como la inauguración de un \»Centro de Protección Social\» en Villa Clara, liderado por Susely Morfa, choca con la realidad de los protocolos estatales. Tan solo tres meses antes de la destitución de Feitó, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, emitía directivas para \»enfrentar y erradicar\» a las personas con conductas deambulantes. El objetivo explícito no era brindar asistencia, sino limpiar las calles y apartar de la vista pública la miseria, una práctica habitual de la dictadura cubana para mantener una fachada de igualdad inexistente.
Este episodio refleja el colapso estructural que atraviesa la nación, donde la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de oportunidades han empujado a amplios sectores de la población a la indigencia. La destitución de la ministra y la posterior ofensiva mediática evidencian que, para el ejecutivo cubano, la prioridad no es resolver la precariedad material de los ciudadanos, sino controlar la imagen del país y silenciar cualquier voz oficial que reconozca el fracaso del modelo.
Las implicaciones de este giro discursivo apuntan a un endurecimiento de la censura y una mayor vigilancia sobre los funcionarios de menor rango para evitar nuevas declaraciones incómodas. Mientras la propaganda oficial insiste en mostrar una imagen de contención social, la ciudadanía continúa enfrentando el deterioro de sus condiciones de vida, con la certeza de que el reconocimiento de sus necesidades por parte del Estado solo ocurre cuando la represión y el silencio ya no son suficientes para ocultar la evidencia.
