La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos exigió libertades económicas reales para el pueblo cubano, tras señalar que altos funcionarios del régimen de La Habana han admitido públicamente que la isla puede adquirir alimentos en territorio estadounidense, desmintiendo la narrativa oficial de un \»bloqueo\» comercial total.
El organismo estadounidense respondió a las recientes declaraciones de la funcionaria cubana Johana Tablada, recientemente nombrada embajadora del Servicio Exterior. En una entrevista, Tablada reconoció que \»Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos\», amparándose en una legislación aprobada en el año 2000. Aunque la diplomática argumentó que el proceso resulta \»oneroso\» debido a las exigencias de pago anticipado y al endurecimiento del marco regulatorio, desde Washington señalan que estas admisiones desmantelan el discurso que atribuye la escasez exclusivamente a las sanciones externas.
El Departamento de Estado también cuestionó las afirmaciones del primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, ante el Consejo Intergubernamental Económico Euroasiático. Marrero presumió la \»firme decisión\» de las autoridades de la isla de consolidar a Cuba como un centro logístico internacional para la Unión Económica Euroasiática (UEE). El jefe de Gobierno detalló planes para procesar materias primas euroasiáticas en sectores como metalurgia, química y alimentos, reiterando simultáneamente su reclamo contra el embargo estadounidense, al que calificó como el \»principal obstáculo\» para el desarrollo nacional.
El control estatal como freno al desarrollo
Para la diplomacia estadounidense, la verdadera barrera para el progreso en la isla no radica en las medidas externas, sino en la falta de apertura interna. \»La verdad es innegable: es la dictadura cubana la que está frenando al país\», enfatizó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, exigiendo que se implementen \»libertades económicas reales para el pueblo cubano y no para las empresas dirigidas por los servicios de seguridad\». Esta declaración apunta directamente al modelo de centralización, donde las corporaciones controladas por el aparato militar monopolizan el comercio exterior mientras la población enfrenta un severo desabastecimiento.
El intercambio de declaraciones ocurre en medio de una profunda crisis estructural que ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes y el colapso de los servicios básicos. La exigencia de Washington pone el foco en la responsabilidad directa del ejecutivo cubano en la gestión de la economía y subraya que, mientras el régimen busca alianzas con bloques como la UEE para mantener su maquinaria comercial, las restricciones a la propiedad privada y el libre mercado continúan siendo el factor determinante en el empobrecimiento de la ciudadanía. La comunidad internacional observa cómo la falta de autonomía económica de los ciudadanos sigue siendo el núcleo de la inestabilidad en la isla.
