La Aduana General de la República de Cuba decomisó un cargamento de más de 12 kilogramos de oro que dos pasajeros intentaban extraer ilegalmente del país por el Aeropuerto Internacional \»José Martí\» de La Habana. El mineral, valorado en el mercado internacional en aproximadamente 1,5 millones de dólares, estaba camuflado en nueve figuras artesanales pintadas de negro, según confirmó la propia institución.
El vicejefe de la Aduana, William Pérez González, informó a través de la red social X sobre la intervención de los oficiales, quienes presentaron una denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Sin embargo, el escueto reporte oficial omitió detalles cruciales sobre el caso, tales como las identidades y nacionalidades de los implicados, el destino del vuelo, el peso exacto del cargamento, el grado de pureza del metal y si los viajeros fueron efectivamente detenidos o enfrentan cargos penales específicos.
Según cotizaciones internacionales recientes, el oro al contado se valuaba cerca de los 3.996 dólares por onza troy, lo que situaría el valor teórico de los 12 kilogramos en torno a 1,54 millones de dólares, aunque el monto real dependerá del análisis de pureza del material incautado. La exportación de este metal por personas naturales está severamente restringida en la isla. La Resolución 30/2023 del Banco Central de Cuba establece que la salida de oro en bruto, semilabrado o en lingotes requiere autorizaciones excepcionales del Estado y prevé el decomiso inmediato, además de acciones civiles o penales, para quienes incumplan la normativa.
Opacidad institucional y control sobre los recursos
Este incidente, enmarcado bajo el recién estrenado Decreto-Ley 108 \»De Aduanas\», pone de manifiesto el estricto control que el régimen de La Habana ejerce sobre los bienes y valores que circulan por la isla. La incautación, que multiplica por seis un caso similar ocurrido en marzo de 2025 cuando se detectaron dos kilos de oro en un doble fondo, refleja no solo la probable existencia de redes de contrabando de alto nivel, sino también la opacidad con la que el gobierno cubano gestiona la información sobre sus recursos y la actividad económica informal.
En un contexto de profunda crisis económica, hiperinflación y desabastecimiento, la retención de estos activos subraya el monopolio estatal sobre cualquier forma de riqueza. Mientras la población enfrenta severas restricciones para acceder a divisas, alimentos y bienes básicos, el aparato burocrático se enfoca en penalizar la circulación no autorizada de metales preciosos, evidenciando una vez más las prioridades del sistema frente a la precariedad ciudadana.
La falta de transparencia en la comunicación de estos hechos levanta serias interrogantes sobre el destino final del oro decomisado y el paradero legal de los pasajeros involucrados. Mientras la dictadura cubana mantiene un cerco normativo sobre la propiedad y el comercio de valores, episodios como este confirman la desconexión entre la severidad punitiva del Estado y la incapacidad de su modelo económico para ofrecer canales legales, claros y eficientes, profundizando el clima de incertidumbre y desconfianza institucional en la isla.
