La Unión Europea ha iniciado un proceso formal de revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, tras una serie de reuniones en Bruselas lideradas por activistas y organizaciones de derechos humanos que demandan la suspensión del pacto y sanciones contra la dictadura cubana.
La organización no gubernamental Ciudadanía y Libertad informó sobre este avance diplomático tras una agenda de trabajo sostenida con representantes del Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y delegaciones de Estados miembros. La iniciativa fue encabezada por las activistas Carolina Barrero y Amelia Calzadilla, quienes trasladaron a las instituciones europeas la urgencia de abandonar la tibieza institucional frente a las autoridades de la isla y adoptar medidas concretas frente a la violencia estatal.
Durante las reuniones, las activistas señalaron que la política europea hacia La Habana ha estado marcada por una \»excepcionalidad\» que contrasta con la postura de la UE frente a regímenes como los de Venezuela o Nicaragua, donde sí se han activado mecanismos de sanción. Argumentaron que el PDCA, vigente desde 2017, ha funcionado más como una herramienta de legitimación para el régimen de La Habana que como un instrumento eficaz para forzar mejoras en materia de libertades fundamentales.
El incumplimiento de los derechos humanos y la cláusula de suspensión
El pacto bilateral incluye una cláusula que permite su suspensión en casos de violaciones graves de derechos humanos. La activación de esta medida ha sido reclamada persistentemente por la sociedad civil cubana y diversos eurodiputados ante el deterioro acelerado de las garantías civiles, el encarcelamiento de opositores y el colapso sistémico que atraviesa la nación. En este escenario, la dictadura cubana ha mantenido una política de hostigamiento y represión constante, ignorando los llamados internacionales mientras la crisis económica, la inflación y el éxodo migratorio profundizan el descontento social.
De hecho, el Parlamento Europeo ha aprobado de manera reiterada resoluciones críticas contra el gobierno cubano. En febrero de 2024, el pleno remarcó el incumplimiento por parte de La Habana de sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que debería \»dar lugar a la suspensión del acuerdo\», una resolución impulsada por los grupos PPE, Renew y ECR. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea ha mantenido un perfil bajo y aún no ha tomado una decisión formal, pese a la creciente presión política para revisar el convenio.
La revisión en curso representa un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre Europa y Cuba. Que este proceso no quede en un mero ejercicio simbólico dependerá de la voluntad del Consejo de la UE para alinear su política exterior con la defensa de los derechos humanos. La comunidad internacional observa si las sanciones individuales y la eventual suspensión del PDCA se materializarán, lo que supondría un duro golpe diplomático para el ejecutivo cubano y un respaldo necesario para una ciudadanía agobiada por la falta de libertades y el autoritarismo.
