Un informe de la organización Food Monitor Program revela que La Habana, Cienfuegos, Matanzas, Guantánamo y Santiago de Cuba se encuentran «en los límites de la sobrevivencia alimentaria». El diagnóstico vincula la escasez de comida con la parálisis económica, la falta de combustible y el deterioro generalizado de los servicios públicos, evidenciando el fracaso de las políticas del gobierno cubano para garantizar el bienestar básico de la población.
El especial «Alimentación en crisis», elaborado por Food Monitor Program, traza una radiografía desoladora de la realidad en la isla. La organización advierte que, desde inicios de 2026, el corte abrupto en el suministro de combustible y el aislamiento progresivo han dejado a miles de familias sin la energía necesaria siquiera para preparar los alimentos. Esta situación no se limita a la falta de productos en los mercados, sino que configura un escenario de sobrevivencia extrema donde las condiciones materiales de existencia se han desplomado, afectando a grandes urbes y zonas rurales por igual.
Las cifras aportadas por el estudio son contundentes y reflejan el nivel de desesperación ciudadana. A partir de una encuesta realizada a 2.508 hogares cubanos, el 78% de los consultados identificó la actual «policrisis» —iniciada en 2019— como la peor crisis alimentaria de la historia reciente del país. Solo un 12% consideró que el llamado Período Especial de la década de 1990 fue más severo, mientras que un 10% declaró no saber o no tener una postura definida. La percepción ciudadana confirma que el deterioro actual supera en magnitud a etapas históricamente consideradas catastróficas.
Al comparar ambas etapas, el informe arroja conclusiones que comprometen directamente la gestión del régimen de La Habana. La crisis actual fue señalada como peor en términos de respaldo estatal, igualdad social, acceso a los alimentos, formas de sobrevivencia, circulación de efectivo, servicios públicos y bienestar psicosocial. El Período Especial únicamente supera a la actualidad en la categoría de «restricciones legales», lo que indica que, aunque en los noventa existían mayores limitaciones jurídicas, la capacidad del Estado para ofrecer respaldo y la cohesión social eran notablemente superiores a las de hoy.
Los testimonios recogidos por la organización reflejan un profundo desgaste moral y emocional. Un ciudadano consultado señaló que la llamada «opción cero» —referida a los apagones prolongados y la paralización de actividades— fue «como el golpe final, pero uno que ya se veía venir». Otra voz anónima resume el deterioro colectivo: «Hemos perdido la capacidad de sorprendernos, más allá del límite concebible de lo digno». Estas declaraciones evidencian cómo la escasez permanente ha erosionado la esperanza, la autoestima y la resiliencia de la población.
El contraste entre el pasado y el presente es una constante en los relatos de los cubanos. Mientras que en los años noventa la crisis se vivía con un mayor sentido de la solidaridad comunitaria, la actualidad parece haber generado un individualismo derivado de la necesidad extrema. «Antes, con sacrificio, sobrevivías: ahora, ni eso»; «En los años 90 había solidaridad. Es como si volver a la crisis nos hubiera hecho más miserables»; «Ahora el país está más roto que nunca, no hay ni ganas de seguir adelante», son algunas de las valoraciones que ilustran el agotamiento social frente a la ineficacia de las autoridades de la isla.
Contexto Sistémico y Responsabilidad Institucional
La crisis alimentaria no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía nacional sufre una inflación descontrolada que ha licuado los salarios, mientras la producción agrícola nacional se mantiene estancada debido a la falta de insumos, el control estatal sobre la tierra y la burocracia asfixiante del sistema de Acopio. El desabastecimiento crónico se ve agravado por la incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar las importaciones básicas, dependientes de un endeudamiento externo que el país no logra sostener ni renegociar bajo condiciones favorables.
A la crisis económica se suma el colapso del sistema electroenergético, que mantiene a la isla sumida en apagones prolongados que en algunas provincias superan las 20 horas diarias. Esta falta de energía impacta directamente en la conservación de alimentos, la distribución de agua y el funcionamiento de los servicios de salud. La respuesta de la dictadura cubana ante este panorama ha sido la represión y la censura, persiguiendo a productores independientes, silenciando las protestas sociales que estallan ante la falta de alimentos y electricidad, y criminalizando la pobreza, en lugar de implementar reformas estructurales que liberalicen la economía.
Antecedentes de una crisis permanente
Cuba arrastra el impacto prolongado de crisis sucesivas desde la caída del bloque socialista en la década de 1990. Sin embargo, el modelo económico centralizado nunca logró recuperarse plenamente, manteniendo una dependencia extrema de aliados externos. La llegada de Venezuela como principal patrocinador en el siglo XXI alivió temporalmente la situación con el envío de combustible a precios preferenciales, pero con la propia crisis interna del país sudamericano, la isla volvió a entrar en una espiral de declive que se aceleró vertiginosamente en la última década.
La implementación de la llamada Tarea de Ordenamiento en 2021, un paquete de medidas económicas impulsadas por el gobierno cubano, resultó un fracaso estrepitoso que disparó la inflación y empobreció aún más a la población. La eliminación del doble circuito monetario sin respaldo productivo generó un caos en los precios. A esto se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, creando una tormenta perfecta. La falta de voluntad política para abrir espacios reales a la iniciativa privada en sectores estratégicos, como la agricultura y el comercio exterior, ha consolidado la actual «policrisis» como la peor etapa vivida por la nación.
Un horizonte insostenible
El informe de Food Monitor Program culmina con una interrogante que resuena en el análisis sociopolítico de la isla: «¿Hasta qué punto puede sostenerse una sociedad donde sobrevivir se vuelve en el único horizonte posible?». La persistencia de esta crisis alimentaria y energética amenaza con colapsar no solo la economía, sino el tejido social en su totalidad. La falta de perspectivas de mejora está impulsando un éxodo migratorio masivo sin precedentes, vaciando al país de su fuerza laboral, de sus jóvenes y de su capital humano, lo que agrava el envejecimiento poblacional y la viabilidad futura del Estado.
Ante este escenario, las implicaciones políticas son inevitables. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos observan cómo la población cubana es sometida a condiciones de vida que violan los estándares mínimos de dignidad humana. La inacción del régimen y su negativa a ceder espacios de libertad económica y política auguran un futuro de mayor inestabilidad y sufrimiento. Mientras la supervivencia se consolide como el único proyecto de vida para millones de cubanos, la presión social continuará acumulándose, amenazando con estallidos que el aparato represivo del Estado podría no lograr contener indefinidamente.
