La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un contundente informe en el que denuncia que la economía cubana está estructuralmente manipulada para enriquecer a la cúpula militar y civil del poder, desincentivando de forma deliberada la entrada de capital internacional y profundizando la severa crisis que asola a la isla. El análisis gubernamental estadounidense desmonta la narrativa oficial sobre el impacto del embargo y sitúa la responsabilidad del colapso en la corrupción y el diseño autoritario del sistema.
A través de un comunicado publicado en la red social X y respaldado por un extenso artículo en la plataforma oficial ShareAmerica, las autoridades estadounidenses han expuesto las mecánicas opacas que rigen los negocios en la isla. La declaración es tajante al afirmar que «Cuba no está abierta a los negocios», sino que el sistema está «amañado para beneficiar a los compinches del régimen». Esta afirmación marca un punto de inflexión en la narrativa diplomática, al poner el foco exclusivamente en la falta de garantías jurídicas y la depredación estatal como causas directas del aislamiento financiero del país.
El informe detalla el esquema de extorsión legalizada al que se somete a los inversores extranjeros. El régimen de La Habana obliga a las empresas privadas foráneas a establecer joint ventures (empresas mixtas) con entidades estatales, expropia al menos el 60 % de las ganancias y retiene el resto como rehén en cuentas bancarias de difícil acceso. A esto se suma un historial recurrente de impagos. «La corrupción cubana, no el mundo exterior, es lo que espanta al dinero», concluye el texto, resumiendo la futilidad de cualquier intento de inversión genuina en la actual arquitectura económica nacional.
El desvío de recursos hacia el aparato militar
El análisis del Departamento de Estado contrasta la aguda escasez que sufren los ciudadanos con las prioridades de inversión del ejecutivo cubano. Mientras la otrora exportadora de azúcar se ve obligada a importar el producto básico, sufre apagones sistemáticos y padece un desplome sin precedentes en la atención médica, las asignaciones presupuestarias revelan una agenda distinta. Durante 2024, el gobierno cubano destinó más del 37 % de su inversión total al sector turístico y hotelero, una cifra que supera once veces la invertida en salud y educación combinadas, según datos de la agencia EFE citados en el documento.
La paradoja de esta estrategia radica en su ineficiencia manifiesta. A pesar de que los hoteles existentes registran índices de ocupación que apenas rozan el 30 %, la maquinaria estatal continúa edificando nuevos complejos turísticos. El informe responde a la pregunta sobre quién se beneficia de este dispendio señalando directamente a los conglomerados militares GAESA, FINCIMEX y CIMEX. Estas entidades, dirigidas por altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, monopolizan el turismo, las remesas y el comercio minorista, operando como un Estado paralelo cuya única función es asegurar el sustento económico de la élite gobernante en detrimento del bienestar público.
El paralelismo con el modelo venezolano
El documento amplía su análisis estableciendo una comparación con Venezuela, señalando que la dictadura de Nicolás Maduro opera bajo un esquema similar de captación y despilfarro de recursos, sostenido en parte por los servicios de inteligencia cubanos que vigilan y asesoran a las fuerzas armadas venezolanas. Según datos de Bloomberg News, en 2024 el gobierno venezolano dilapidó más de 2.000 millones de dólares en un breve periodo coincidente con las elecciones presidenciales, mientras mantenía el salario mínimo por debajo de los dos dólares mensuales.
La asignación del presupuesto nacional en Venezuela ilustra aún más esta distorsión. De un presupuesto superior a 20.500 millones de dólares, apenas 180 millones —menos del 1 %— se destinaron a la salud. En contraste, casi 1.000 millones se asignaron a inteligencia militar y solo 18 millones a la alimentación escolar. Esta política de abandono estructural ha generado un colapso de la infraestructura, recordando el fallido acuerdo ferroviario de 7.500 millones de dólares firmado con China en 2009, que dejó tras de sí solo «sitios de construcción abandonados» y una deuda que se sigue pagando con petróleo, así como apagones generalizados que afectan a la mayoría del territorio.
Contexto: La crisis sistémica y el diseño autoritario
Las denuncias del Departamento de Estado no describen fallas administrativas aisladas, sino que evidencian la naturaleza estructural de la crisis cubana. La escasez de combustible, los cortes de electricidad que superan las 12 horas diarias en diversas provincias y la inflación galopante no son subproductos de sanciones externas, sino síntomas de un modelo económico diseñado para el control político. Al monopolizar los sectores estratégicos, el régimen de La Habana impide el desarrollo de un tejido productivo independiente, garantizando que cualquier flujo de capital quede supeditado a la supervisión y tributación de la cúpula militar.
Este diseño ha provocado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente de la isla, con cientos de miles de cubanos huyendo de un sistema que les niega oportunidades básicas. La concentración de la riqueza en manos de GAESA y sus filiales coexiste con un mercado interno racionado y una producción agrícola estancada. La dictadura cubana ha priorizado históricamente la supervivencia del aparato represivo y la propaganda por encima de la inversión social, un patrón que se ha agudizado tras la crisis económica derivada de la pandemia y la pérdida de los subsidios venezolanos y rusos en sus niveles históricos.
Los antecedentes de esta estructura se remontan a la década de 1990, durante el Periodo Especial, cuando las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a gestionar empresas turísticas y comerciales para captar divisas. Lo que comenzó como una medida de emergencia para salvar al sistema se consolidó bajo el mandato de Raúl Castro en un capitalismo de Estado militarizado. Las posteriores «actualizaciones del modelo económico» y las recientes medidas de liberalización microempresarial no han alterado este monopolio, relegando al sector privado nacional a un rol marginal, sobrecargado de impuestos y sin acceso a mercados mayoristas.
Implicaciones futuras y advertencia internacional
El informe de ShareAmerica lanza una advertencia sobre el futuro de estos activos en un escenario de colapso. Señala que los complejos turísticos y los activos estratégicos controlados por la élite podrían ser privatizados a favor de los mismos gestores militares cuando el sistema implosione, replicando el modelo oligárquico observado en la antigua Unión Soviética. Esta prospectiva plantea un desafío crítico para cualquier transición futura, donde la cúpula podría intentar transformar su poder político en hegemonía económica, perpetuando la desigualdad estructural.
Para la ciudadanía, la consecuencia inmediata es el agravamiento de la precariedad. Mientras el capital extranjero siga rechazando un entorno sin garantías y sujeto a la exacción del 60 %, no habrá inyección de capital que reactive la producción nacional. La comunidad internacional enfrenta el reto de calibrar sus políticas hacia la isla comprendiendo que cualquier acercamiento económico que ignore el papel de GAESA y la corrupción institucionalizada no hará más que alimentar la maquinaria de un régimen que, como concluye el informe estadounidense, prioriza «el poder y el beneficio personal de líderes corruptos por encima del bienestar público».
