La anécdota de un ciudadano que ve cómo los alimentos enviados desde el extranjero se pudren por los apagones sistemáticos se convierte en el símbolo más crudo del fracaso del régimen de La Habana. Mientras la población se hunde en la desesperación sanitaria y económica, la cúpula castrense permanece oculta en lujosas residencias, blindada contra el colapso que ellos mismos han provocado.
La cotidianidad en la Cuba actual está marcada por tragedias diminutas que, en su conjunto, dibujan el panorama de una nación en acelerada descomposición. Recibir una remesa de alimentos desde el extranjero, un hecho que en cualquier otro contexto sería un simple gesto de solidaridad familiar, en la isla se transforma en un episodio cargado de ansiedad y frustración. Un pollo comprado en Europa, enviado con esfuerzo y sacrificio por familiares emigrados, representa para el cubano de a pie un tesoro efímero, una promesa temporal de nutrición en un entorno donde el hambre acecha de manera estructural. La alegría de recibir estas provisiones es siempre breve, condicionada por la incertidumbre de un sistema que no garantiza ni siquiera la conservación de lo que se consume.
Sin embargo, la ilusión de seguridad alimentaria se desvanece en cuestión de horas. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) convierte cualquier refrigerador en un ataúd para los alimentos perecederos. La ausencia prolongada de corriente eléctrica desata un proceso inevitable: el hedor, la putrefacción y la pérdida total del recurso. Lo que se pagó con moneda extranjera y se envió con la esperanza de sostener a un ser querido, termina inevitablemente en el basurero de la esquina, convertido en una masa pestilente que resume a la perfección el fracaso absoluto del modelo económico impuesto por la dictadura. El ciudadano asiste, impotente, a lo que muchos han bautizado con amarga resignación como «el funeral del pollo».
Este fenómeno dista mucho de ser una anécdota cómica o un mero contratiempo doméstico; es una tragedia silenciosa que se repite en miles de hogares cada día. Ver cómo se esfuman los escasos recursos alimentarios genera un impacto psicológico devastador en la población. El desespero de contemplar la comida pudriéndose mientras el estómago ruge es una humillación constante infligida por el Estado. Es en esos momentos de profunda impotencia donde la indignación ciudadana alcanza su punto de ebullición, provocando gritos de rechazo al comunismo desde los balcones, un clamor espontáneo nacido del hambre y la desesperación más profunda, que la represión estatal intenta acallar sin éxito.
La justa rabia del ciudadano encuentra, no obstante, un muro infranqueable en la hermeticidad de la clase dirigente. La familia castrense que controla el destino de la isla, encabezada históricamente por los Castro y continuada por una élite militar que gestiona el país como un feudo, ha diseñado un sistema de aislamiento perfecto. A diferencia de otros regímenes que mantienen una fachada de cercanía institucional en palacios presidenciales visibles y accesibles, la cúpula cubana optó desde hace décadas por la clandestinidad de sus residencias. Se ocultaron deliberadamente para evitar el escrutinio y el reclamo directo de un pueblo al que han despojado de todo derecho y patrimonio.
La astucia del régimen de La Habana radica precisamente en esa invisibilidad. Si las residencias de los líderes fueran de dominio público, es probable que los ciudadanos, cargando con sus pollos putrefactos y sus neveras vacías, se apostaran en sus puertas para exigir respuestas inmediatas. La exigencia de «Patria y Vida» y el reclamo por la reposición de lo perdido chocarían contra la realidad palpable del lujo, la abundancia y el privilegio del que disfrutan los jerarcas. Al mantener sus casonas en el más estricto anonimato, la dictadura evita la confrontación visual y física con el desastre que ha generado, sustrayéndose a cualquier forma de rendición de cuentas.
Mientras la élite se escuda en su burbuja de confort, el entorno urbano se deteriora a un ritmo alarmante. El basurero común se ha convertido en el único receptor de los estropicios cotidianos. La basura se acumula en cada esquina, producto no solo de la ineficiencia en la recolección, sino de la imposibilidad de conservar alimentos y del colapso de los sistemas de refrigeración y saneamiento. En estos vertederos improvisados, que crecen segundo a segundo, se gestan las enfermedades que azotan a la población, en un círculo vicioso donde la falta de electricidad engendra pobreza, y la pobreza engendra un deterioro sanitario que el gobierno cubano es incapaz de contener.
El impacto de esta crisis multidimensional trasciende con creces lo físico y lo material. El colapso de la infraestructura ha traído consigo un aumento dramático en los problemas de salud mental. Las frustraciones diarias, la incapacidad de proveer para la familia y la pérdida constante de esfuerzos han derivado en un incremento alarmante de casos de depresión severa e, incluso, de suicidios. La dictadura no solo reprime y asesina a través de la violencia policial directa; también lo hace mediante el estrés crónico, la desesperanza y el hambre, dejando a la población sin redes de apoyo psicológico ni material, sumida en un abismo del que es imposible salir por vías institucionales.
Ante esta realidad desoladora, el reclamo ciudadano se vuelve un grito en el vacío institucional. No existe oficina gubernamental alguna donde el cubano pueda presentar su queja por el alimento perdido, ni exigir compensación por los daños causados por los apagones. El contrato social, si alguna vez existió bajo el yugo del autoritarismo, está completamente roto. El régimen de La Habana opera con total impunidad, desentendiéndose de las necesidades básicas de la población mientras se aferra al poder y a los multimillonarios ingresos que generan las empresas militares, como GAESA, que controlan de forma monopólica el comercio, el turismo y las remesas.
Contexto: El colapso estructural de la isla
La situación que padece la población cubana actual es el resultado directo de décadas de mala gestión, centralización económica extrema y represión sistemática. El gobierno cubano ha mantenido un control absoluto sobre los medios de producción y distribución, ahogando cualquier iniciativa privada que pudiera aliviar la crisis alimentaria. La dependencia absoluta de las remesas, que en la actualidad representan una de las principales fuentes de ingresos de la isla, evidencia la incapacidad congénita del régimen para generar riqueza por sí mismo. El Estado se ha convertido en un mero intermediario parasitario que captura la moneda extranjera enviada por los exiliados para sostener su aparato represivo.
El sector energético es, sin lugar a dudas, el reflejo más claro de la descomposición estatal. Las termoeléctricas, obsoletas y sin el mantenimiento adecuado debido a la falta de recursos, la corrupción institucionalizada y el bloqueo interno a la inversión privada, fallan constantemente. Los apagones, que en ocasiones superan las doce horas diarias en diversas provincias, no son un fenómeno coyuntural atribuible a embargos externos, sino una característica estructural de un sistema que prioriza el gasto en aparato militar y seguridad del Estado por encima de la infraestructura básica para la supervivencia del pueblo.
Un vertedero como única respuesta
La metáfora de «hacer los funerales del pollo» frente a las casas de los Castro sintetiza de manera brutal la impotencia de una sociedad secuestrada por una dictadura militar. El ciudadano cubano sabe que sus reclamos caerán en saco roto, que la reposición de lo perdido es una utopía y que la única certeza es el avance imparable de la putrefacción, tanto de los alimentos como de las instituciones públicas. Hasta que no exista una transición hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desmantelamiento del aparato represivo y monopólico, el basurero seguirá siendo el destino final de los esfuerzos de millones de cubanos, y el silencio cómplice de la cúpula castrense será la única respuesta oficial a su hambre y su dolor.
