LA HABANA. — La interminable crisis energética que sufre la isla ha vuelto a evidenciar el fracaso del sistema de distribución y conservación de alimentos, tras la descomposición de un envío de carne de pollo adquirido en el extranjero y destinado al consumo de una familia cubana. El incidente, que obligó a desechar el producto por la falta de refrigeración, ilustra la angustia diaria de una ciudadanía que ve cómo sus recursos, y la solidaridad de sus familiares emigrados, se pudren literalmente ante la inoperancia del régimen de La Habana.
El relato de un residente en la capital refleja una realidad que se repite en miles de hogares cubanos. Tras recibir una donación de pollo pagada en Europa por un amigo, la inicial alegría se transformó rápidamente en desesperación. Apenas unas horas en una nevera sin energía eléctrica fueron suficientes para que la carne comenzara a emitir un fuerte hedor, perdiendo toda condición para el consumo humano. Lo que debía ser un alivio para la mesa familiar terminó en el basurero, evidenciando la vulnerabilidad extrema de los ciudadanos frente a las fallas estructurales del Estado.
Este caso particular no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Las constantes apagones hacen imposible la conservación de productos perecederos, a lo que se suma la escasez crónica de alimentos en los mercados estatales y la inflación galopante que azota los precios en el sector informal. La dependencia de las remesas se ha vuelto vital para la supervivencia, pero ni siquiera los envíos de comida o las compras en tiendas en moneda libremente convertible escapan al deterioro que provoca la falta de un servicio público básico como la electricidad.
Impunidad del poder y deterioro sanitario
La indignación ciudadana crece al contrastar esta miseria con el hermetismo y los privilegios de la cúpula militar que controla el país. Mientras la población debe deshacerse de alimentos putrefactos en vertederos a cielo abierto que proliferan en las ciudades, la familia Castro y la alta jerarquía del gobierno cubano permanecen alejadas del escrutinio público, resguardadas en residencias ajenas a los apagones. Esta desconexión total entre la dirigencia y el pueblo ha llevado a muchos a cuestionar la impunidad de una dictadura que no rinde cuentas por el deterioro de las condiciones de vida, la propagación de enfermedades y el incremento de trastornos psicológicos, incluyendo el aumento de suicidios vinculados a la precariedad extrema.
La imposibilidad de reclamar la reposición de estos bienes perdidos subraya la ausencia de un Estado de derecho. El ejecutivo cubano no ofrece compensación alguna por los daños ocasionados por su ineficiencia, dejando a las familias en total desamparo. Ante la continuidad de las políticas que han llevado al país a la ruina, el panorama a futuro se presenta sombrío: la pérdida constante de recursos alimentarios no solo profundiza la inseguridad alimentaria, sino que alimenta el éxodo migratorio y el rechazo internacional hacia un sistema incapaz de garantizar la subsistencia digna de su propia población.