El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus peores crisis con un déficit de generación que supera los 1.700 megavatios (MW), provocando cortes de luz de hasta 12 horas consecutivas incluso en La Habana. La paralización de nueve unidades termoeléctricas y la falta de combustible para la generación distribuida confirman el fracaso de las políticas energéticas del régimen de La Habana, afectando al 58% del territorio nacional.
La situación se ha deteriorado a un punto tal que la propia Unión Eléctrica (UNE) tuvo que reconocer que el sábado pasado el servicio eléctrico se vio interrumpido durante las 24 horas del día. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1.969 MW en horas de la tarde, superando en más de 110 MW las previsiones iniciales de la estatal. Las cifras oficiales, que suelen ser conservadoras, contrastan con los testimonios de ciudadanos que reportan apagones casi generalizados y superiores a las 12 horas en varias provincias, incluyendo a la capital.
Para el horario de mayor demanda, en la tarde y noche, el ejecutivo cubano proyecta una disponibilidad de apenas 1.325 MW frente a una demanda estimada de 3.100 MW. Este descalabro técnico se traduce en un déficit de 1.775 MW y una afectación calculada de 1.805 MW. El reporte oficial detalla que nueve unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio debido a averías y mantenimientos prolongados, afectando plantas clave como Mariel, Carlos Manuel de Céspedes, Nuevitas, Felton y Antonio Maceo.
Un colapso energético con raíces estructurales
A las fallas en las termoeléctricas se suma la inoperatividad de decenas de centrales de generación distribuida y de las patanas eléctricas, paralizadas por la carencia crónica de diésel y lubricantes. Esta crisis no es un evento aislado, sino el resultado de décadas de falta de inversión, envejecimiento de la infraestructura y una ineficiente planificación centralizada. El desabastecimiento de combustibles se entrelaza con la profunda crisis económica que atraviesa la isla, marcada por una inflación galopante y la incapacidad de las autoridades para garantizar los servicios públicos más elementales.
La prolongación de estos apagones amenaza con profundizar el descontento social y acelerar el éxodo migratorio, mientras la dictadura cubana mantiene su discurso de culpabilización externa sin ofrecer soluciones viables. La incapacidad del gobierno para restablecer la estabilidad eléctrica no solo agrava las penurias diarias de la ciudadanía, deteriorando la calidad de vida y la producción industrial, sino que también evidencia la vulnerabilidad sistémica de un modelo de gestión que prioriza el control político sobre el bienestar de la población.
