El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) reconoció el fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrián D’Pérez y Pando, de 55 años, a causa de los sismos que azotaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. La confirmación oficial llega días después de que las autoridades de la isla negaran la existencia de víctimas cubanas, en medio de una crisis migratoria que ha llevado a miles de connacionales a exponerse a riesgos laborales y ambientales en el exterior.
La información fue divulgada por Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), a través de una publicación en sus redes sociales. La funcionaria expresó las condolencias oficiales a los familiares y allegados de la víctima, confirmando que D’Pérez y Pando perdió la vida como consecuencia de los movimientos telúricos que sacudieron la nación sudamericana. «El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido confirmación del fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrián D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela», señaló la nota oficial.
Esta confirmación marca un giro sustancial respecto a la información divulgada por la propia Cancillería apenas 48 horas antes. En esa ocasión, González Fraga había asegurado categóricamente que no existían reportes confirmados de cubanos fallecidos, heridos o desaparecidos a causa de los sismos. Esta dinámica de negación inicial seguida de un reconocimiento tardío es una constante en la gestión informativa del régimen de La Habana, que suele minimizar las tragedias que involucran a sus ciudadanos en el exterior para evitar el escrutinio público sobre sus políticas migratorias, laborales y la falta de protección consular.
Frente al silencio y la negativa oficial, diversas plataformas ciudadanas y medios de prensa independiente tomaron la iniciativa, difundiendo listados con más de una treintena de connacionales cuyo paradero era desconocido tras el desastre natural. Entre esos nombres figuraba el de Lupercio Adrián D’Pérez y Pando, cuyo deceso fue finalmente verificado por las autoridades consulares tras la presión de los familiares y la recopilación de datos por parte de la sociedad civil, que suple las deficiencias del Estado cubano.
El reconocimiento de esta nueva víctima se suma a la dolorosa tragedia confirmada el pasado fin de semana, cuando se reportó el hallazgo sin vida de los seis integrantes de una familia cubana que permanecía desaparecida. Las víctimas fueron identificadas como Yadina de la Caridad Yáñez, conocida en su comunidad como «Yadina la Cubana»; su esposo, Alain Rodríguez; el hijo de ambos, Dylan Xander; la madre de Yadina, Gladys María Linares; y los padres de Alain, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera y Teresa Rojas Rodríguez.
Esta familia, oriunda del municipio de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, fue localizada entre los escombros de los edificios Oasis Beach y Resjurel, ubicados en el estado venezolano de La Guaira. Esta zona ha sido una de las más devastadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que provocaron el colapso de centenares de edificaciones y dejaron miles de afectados en el norte del país sudamericano. La directora de la DGACCRE indicó que las gestiones para localizar a otros ciudadanos cubanos que aún no han sido contactados continuarán, y solicitó la colaboración de quienes puedan aportar información, recordando que los familiares pueden comunicarse con la sede del MINREX en La Habana o con el Consulado de Cuba en Venezuela.
Un éxodo forzado por el colapso estructural
La presencia de ciudadanos cubanos en zonas de alto riesgo en Venezuela no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de productos básicos, los apagones prolongados y la falta de oportunidades laborales han empujado a miles de cubanos a buscar refugio económico en otras naciones. Venezuela, a pesar de su propia crisis interna, ha sido un destino recurrente debido a los lazos históricos y a la flexibilidad en los requisitos migratorios en el pasado, aunque las condiciones de vida para los recién llegados suelen ser de extrema precariedad.
El régimen de La Habana, que históricamente ha exportado mano de obra médica y técnica a Venezuela a cambio de suministros energéticos, ha perdido el control sobre una migración cada vez más desorganizada y desesperada. Muchos de estos cubanos viajan por cuenta propia, estableciéndose en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin redes de seguridad social ni respaldo institucional efectivo. La dictadura cubana ha abdicado de su responsabilidad de proteger a sus connacionales, utilizándolos como herramienta de propaganda cuando conviene a su narrativa y abandonándolos a su suerte cuando enfrentan tragedias de esta magnitud.
Además, la falta de transparencia del gobierno cubano en el manejo de la información impide dimensionar con exactitud el impacto de la tragedia. Mientras la Cancillería emite comunicados fragmentados y tardíos, la realidad en el terreno indica que al menos tres decenas de cubanos fueron reportados inicialmente como desaparecidos o incomunicados. Esta opacidad es una extensión de la política interna de la isla, donde la censura y el control de la narrativa son prioridad absoluta sobre el derecho a la información de las familias que sufren la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos.
Antecedentes de opacidad y tragedias migratorias
La reluctancia del ejecutivo cubano para informar de manera oportuna y veraz sobre sus ciudadanos en el exterior tiene numerosos precedentes. Durante la pandemia de COVID-19, el régimen tardó semanas en reconocer la muerte de médicos cubanos desplegados en varios países, omitiendo detalles sobre las condiciones en las que contrajeron el virus y negando inicialmente el alcance del contagio entre el personal de salud. De igual manera, los accidentes de tráfico que cobran la vida de migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos rara vez son abordados con la seriedad que merecen desde las instituciones oficiales.
En el caso específico de Venezuela, la relación bilateral ha estado marcada por el secretismo y el hermetismo. Las misiones sociales cubanas en territorio venezolano han operado bajo un manto de control estatal, y los incidentes que involucran a cooperantes o migrantes independientes suelen ser silenciados para no afectar la imagen de la alianza geopolítica. Los edificios Oasis Beach y Resjurel, donde fue encontrada la familia pinareña, son ejemplo de las infraestructuras donde muchos migrantes se alojan, huyendo de la miseria impuesta por un modelo económico fracasado que ha generado el mayor éxodo de la historia de la isla.
Implicaciones y futuro de los connacionales en el exterior
La tragedia de los sismos en Venezuela deja al descubierto no solo la fuerza destructiva de la naturaleza, sino la fragilidad en la que viven miles de cubanos que se han visto obligados a abandonar su tierra. Mientras el MINREX continúa la búsqueda de los desaparecidos, las familias en Cuba y en la diáspora se enfrentan al duelo y a la incertidumbre, sin recibir más que comunicados estandarizados y burocráticos por parte de las autoridades de la isla.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a esta vulnerabilidad agravada, exigiendo al gobierno cubano mecanismos de protección civil y consular reales, así como la apertura de canales de información veraces. La pérdida de Lupercio Adrián D’Pérez y Pando y de la familia de Sandino es un recordatorio luctuoso de que el costo humano del éxodo cubano, impulsado por la ineficacia, la represión y el colapso del sistema, sigue cobrando vidas más allá de las fronteras de la isla. Mientras la estructura de poder en La Habana mantenga sus políticas represivas y su ineficiencia económica, el flujo de ciudadanos exponiéndose a riesgos mortales en el exterior continuará en aumento.
