Cuatro legisladores estadounidenses han solicitado formalmente al presidente Donald Trump que el Departamento de Justicia impute a Raúl Castro por el asesinato de cuatro tripulantes de la organización Hermanos al Rescate en 1996. La petición, impulsada por congresistas de origen cubanoamericano, busca reabrir la vía judicial para exigir rendición de cuentas a la cúpula del régimen de La Habana y evalúa la emisión de notificaciones rojas de Interpol.
La misiva, difundida por el congresista Mario Díaz-Balart, está firmada también por los representantes María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis. En el documento, dirigido igualmente a la fiscal general Pam Bondi, los legisladores califican el ataque como un \»asesinato a sangre fría\» y subrayan que la rendición de cuentas debe comenzar por la máxima dirección del poder en la isla. El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la dictadura cubana destruyeron dos aeronaves civiles desarmadas que volaban sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, con el objetivo de identificar y asistir a balseros.
El ataque provocó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Los congresistas argumentan que el caso cuenta con antecedentes judiciales sólidos en Estados Unidos. Recordaron que en 2001 un jurado federal condenó al exespía Gerardo Hernández Nordelo por \»conspiración para cometer asesinato\», al facilitar información sobre los planes de vuelo. Asimismo, en 2003, un gran jurado acusó a dos pilotos cubanos y al entonces jefe de la aviación, Rubén Martínez Puente, por homicidio.
Impunidad y violencia de Estado
La solicitud del Capitolio llega en vísperas del aniversario de la tragedia y resalta un patrón constante de la dictadura cubana: el uso de la violencia estatal sin control democrático y la impunidad de sus máximos líderes frente a crímenes internacionales. El informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), citado por los legisladores, ya había determinado que el gobierno cubano actuó de forma \»ilegal\» al interceptar las naves fuera de su espacio aéreo. Este episodio es un símbolo de la represión institucionalizada que ha caracterizado al régimen durante décadas, reprimiendo cualquier intento de disidencia o apoyo a la emigración.
La eventual apertura de un proceso judicial contra Raúl Castro marcaría un precedente sin igual en la política hacia Cuba, enviando un mensaje contundente sobre la persecución internacional a violadores de derechos humanos. Para la comunidad exiliada y las víctimas de la represión en la isla, esta iniciativa representa un paso crucial hacia la justicia histórica. La respuesta del Departamento de Justicia y de la administración estadounidense definirá en los próximos meses el alcance de las medidas coercitivas contra los altos mandos que han operado con impunidad desde el poder en La Habana.
