La reciente propagación de un síndrome febril inespecífico en la provincia de Matanzas ha puesto de manifiesto una vez más la estrategia de ocultamiento y negligencia del régimen de La Habana ante las crisis sanitarias. Este brote, que ha generado alertas y muertes no esclarecidas en la población, evoca episodios históricos como la epidemia de neuropatía óptica durante el Período Especial y el colapso hospitalario por la COVID-19, donde el secretismo y el voluntarismo político primaron sobre el bienestar ciudadano.
La gestión de las emergencias de salud pública en Cuba ha estado marcada históricamente por la prioridad del control de la narrativa sobre la salud de la población. Durante la profunda crisis económica de los años noventa, una epidemia de ceguera afectó a decenas de miles de cubanos. El epidemiólogo Héctor Terry Molinet alertó tempranamente sobre el origen del mal: un severo déficit de vitaminas del complejo B derivado de la desnutrición generalizada. Sin embargo, la dictadura cubana, reacia a admitir el fracaso de su modelo económico y sus consecuencias directas en la alimentación del pueblo, destituyó al galeno y engavetó su informe. Cuando el problema escaló hasta requerir la intervención de especialistas extranjeros, ya 50 mil personas habían perdido la visión parcial o totalmente debido a la desnutrición y el consumo de alcohol adulterado.
Décadas después, el manejo de la pandemia de COVID-19 reprodujo esta misma lógica de negligencia institucional. Con la llegada de la cepa Delta y la reapertura de fronteras, el sistema sanitario colapsó. Mientras los hospitales se quedaban sin oxígeno medicinal, antibióticos y ambulancias, el gobierno cubano priorizó la construcción de hoteles, la importación de vehículos para la policía nacional y el desarrollo de candidatos vacunales propios. Las autoridades de la isla tardaron meses en reparar la única planta productora de oxígeno en Camagüey, lo que derivó en una elevada mortandad, con picos de casi cien defunciones diarias oficiales, evidenciando una gestión donde el recurso público se desvió hacia intereses políticos y turísticos en detrimento de la atención médica básica.
El brote de Matanzas y la inacción del MINSAP
A mediados de 2025, esta crónica de inacción se repitió en el municipio de Perico, en Matanzas. Ante la aparición de un misterioso virus que afectaba a vecinos de varias manzanas, la población recurrió a las redes sociales para alertar sobre la propagación del brote. La respuesta del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) fue minimizar la situación, asegurando que no había motivos de alarma. Mientras el brote avanzaba hacia provincias aledañas y se reportaban muertes por causas no esclarecidas, el régimen de La Habana destinaba esfuerzos logísticos a organizar marchas políticas en apoyo a Palestina, ignorando el clamor de una ciudadanía que enfrentaba un nuevo agente patógeno sin información ni recursos.
La actitud morosa ante el \»síndrome febril inespecífico\» en Matanzas no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema estructuralmente colapsado. La falta de transparencia, la censura a los profesionales de la salud que intentan alertar sobre crisis reales y la inoperancia burocrática forman parte de la misma matriz autoritaria que silenció al Dr. Terry en los noventa. La tardía llegada de una comisión de especialistas a Matanzas confirma que, para el ejecutivo cubano, el reconocimiento de una crisis sanitaria solo ocurre cuando la magnitud del desastre hace imposible seguir ocultándolo a la opinión pública.
El saldo de esta política de secretismo recae directamente sobre la población cubana, que se ve obligada a enfrentar epidemias sin la protección de un Estado funcional. A futuro, la persistencia de este modelo de gestión sanitaria augura un deterioro aún mayor de las condiciones de vida en la isla. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada puesta en la incapacidad del régimen para garantizar el derecho a la salud, evidenciando que la verdadera urgencia en Cuba es la falta de libertades y la ausencia de rendición de cuentas por parte del poder.
