Una nueva denuncia de la organización Archivo Cuba revela un sistemático esquema de explotación laboral y trata de personas contra profesionales cubanos enviados a trabajar en empresas mixtas de la transnacional canadiense Sherritt International en Bahamas y Canadá. El informe detalla cómo el régimen de La Habana, en presunta complicidad con la corporación, confiscaba la mayor parte de los salarios y sometía a los trabajadores a condiciones de servidumbre bajo el eufemismo de \»misiones internacionalistas\».
El testimonio de un exempleado asignado a la empresa New Providence Metal Marketing, Inc., en Nassau, expone la confiscación de hasta el 95 % de los ingresos de los trabajadores. Los salarios eran depositados en el Royal Bank of Canada en Bahamas, pero la mayor parte debía ser transferida forzosamente a una cuenta en La Habana administrada por el Banco Financiero Internacional, entidad vinculada al conglomerado empresarial militar GAESA. Los cubanos apenas podían retener unos 262 dólares mensuales para sobrevivir en uno de los países más caros del Caribe, tras retenciones adicionales impuestas por las autoridades de la isla.
Las condiciones de trabajo descritas configuran un régimen de trabajo forzoso característico de la dictadura cubana. Los profesionales denunciaron severas restricciones a su libertad de movimiento y a sus relaciones personales, así como la prohibición de regresar a la Isla en caso de abandonar la misión. Además, eran obligados a asistir a reuniones políticas y a mantener entrevistas periódicas con agentes de la Seguridad del Estado. El informe de Archivo Cuba señala que directivos canadienses de Sherritt y empleados locales tenían pleno conocimiento de esta situación, lo que evidencia una complicidad corporativa con los mecanismos represivos del Estado cubano.
Un patrón de explotación similar se replicó en la refinería de Fort Saskatchewan, en la provincia canadiense de Alberta. Allí, pese a generar salarios brutos que rondaban los 95.000 dólares canadienses anuales, los trabajadores cubanos recibían apenas entre 600 y 1.000 dólares mensuales tras las deducciones arbitrarias. Ante esta situación, al menos 40 profesionales desertaron en esa provincia y más de dos decenas en Bahamas, presentando pruebas de estas prácticas para respaldar exitosamente sus solicitudes de asilo en Canadá.
Trata institucionalizada y crisis estructural
Este caso no es un hecho aislado, sino una extensión del modelo de control y extracción económica que el régimen de La Habana aplica sobre su ciudadanía. La exportación de fuerza de trabajo calificada funciona como una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, que se apropia de la plusvalía en el extranjero de la misma manera que lo hace en la isla frente al colapso de los servicios públicos y la inflación galopante. La vinculación de estas operaciones financieras con GAESA confirma la militarización de la economía cubana y el uso de la fuerza laboral como mercancía para sostener al ejecutivo cubano.
Archivo Cuba sostiene que estos mecanismos constituyen un patrón de trata de personas institucionalizada, en clara violación del Protocolo de Palermo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La organización exige al gobierno canadiense una investigación urgente, la sanción a los bancos y corporaciones implicadas, y un replanteamiento de su política de cooperación con La Habana, tradicionalmente desvinculada de consideraciones sobre derechos humanos. La respuesta de Ottawa será determinante no solo para hacer justicia a las víctimas, sino para enviar un mensaje claro a nivel internacional sobre la tolerancia cero frente a la complicidad empresarial con regímenes que vulneran los derechos fundamentales.
