Romelio Martínez Zamora, residente en el municipio habanero de La Lisa, clama por la vida de su hija Misleydis Martínez Aleaga, de 49 años, quien permanece en paradero desconocido desde el 18 de octubre de 2024. La situación se agrava no solo por la inacción policial, sino por la crueldad burocrática del régimen de La Habana, que suspendió la asistencia social de la familia, dejando en total desamparo al hijo menor de la desaparecida.
Misleydis abandonó su domicilio hace nueve meses y desde entonces no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero. Su padre, en declaraciones a medios independientes, ha expresado su angustia ante la posibilidad de que su hija haya fallecido. La mujer padece de esquizofrenia, una enfermedad mental severa que compromete gravemente su capacidad para valerse por sí misma, razonar y sobrevivir en un entorno hostil sin la debida supervisión y medicación.
El progenitor detalló que, aunque en ocasiones anteriores su hija había abandonado el hogar, las autoridades de la isla solían localizarla y devolverla a su domicilio. Sin embargo, en esta ocasión el despliegue policial ha sido ineficaz. Tras casi un año de búsqueda, la respuesta institucional se limita a afirmar que no aparece en los registros ni en las calles, evidenciando una alarmante falta de diligencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El historial clínico de Misleydis incluye múltiples ingresos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana «Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordáz Ducungé», conocido popularmente como Mazorra. En esta instalación, la mujer ha recibido tratamiento durante períodos prolongados, que en algunas ocasiones se extendieron hasta por dos meses consecutivos. Su condición de paciente psiquiátrica la convierte en una ciudadana en situación de extrema vulnerabilidad, un sector históricamente invisibilizado por el sistema cubano.
Padre cubano mantiene esperanzas de encontrar viva a su hija, desaparecida desde 2024
Crueldad burocrática y abandono infantil
La tragedia de la familia Martínez Aleaga se ha visto agravada por la actuación de la Dirección Municipal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en La Lisa. Tras la desaparición de Misleydis, el ejecutivo cubano procedió a cancelar de forma inmediata la chequera que le proporcionaba una pensión de 2.600 pesos. Este ingreso no solo sostenía a la mujer, sino que era el único sustento para su hijo, quien es menor de edad y carece de la figura paterna.
La justificación esgrimida por los funcionarios para dar de baja la ayuda económica fue precisamente su condición de desaparecida, un argumento que ignora por completo las necesidades básicas del menor. Martínez Zamora denunció la insensibilidad del trámite, señalando que a las autoridades no les importó que el recorte afectara directamente a un niño en situación de orfandad de facto. Además, el anciano cuestionó que el Estado no haya trasladado al menor a una institución de protección social, dejándolo en un desamparo absoluto que viola los más básicos derechos del niño.
Ausencia de protocolos y vacío institucional
El caso de Misleydis no es un suceso aislado, sino el síntoma de una crisis más profunda. En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en el único altavoz para familias que buscan a sus seres queridos en Cuba. La dictadura cubana ha omitido históricamente la implementación de protocolos oficiales, alertas tempranas y mecanismos de búsqueda efectivos para personas desaparecidas, obligando a la ciudadanía a suplir las deficiencias del Estado mediante la difusión comunitaria.
Ante este vacío institucional, la labor de visibilización ha recaído exclusivamente sobre organizaciones de la sociedad civil independiente. Plataformas como el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y el colectivo feminista YoSíTeCreo en Cuba son las únicas instancias que se dedican a contabilizar, documentar y exigir respuestas sobre los casos de mujeres y niñas desaparecidas en la isla. Estas organizaciones operan bajo constante hostigamiento y estigmatización por parte de la dictadura, a pesar de cumplir una función social que el Estado se niega a asumir.
Contexto: El colapso de la salud mental y la seguridad ciudadana
La desaparición de Misleydis ocurre en el marco del colapso estructural que atraviesa Cuba, donde el sistema de salud pública ha sufrido un deterioro sin precedentes. Los centros psiquiátricos, incluido Mazorra, enfrentan una escasez crítica de medicamentos antipsicóticos y condiciones materiales precarias para garantizar la estabilidad de los pacientes. La falta de tratamientos adecuados empuja a numerosos pacientes mentales a las calles, exponiéndolos a la violencia, el hambre y la indigencia.
Asimismo, la profunda crisis económica que sufre la isla, caracterizada por una inflación galopante, ha provocado que los 2.600 pesos otorgados por el Estado como asistencia social apenas tengan poder adquisitivo. Sin embargo, la retirada total de esta pensión equivale a una sentencia de inanición para un menor de edad. La incapacidad del régimen de La Habana para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a los sectores más vulnerables es una constante que refleja la prioridad del aparato represivo sobre el bienestar social.
Antecedentes de negligencia estatal
El abandono de la infancia y de las personas con discapacidad psiquiátrica tiene trágicos antecedentes en la isla. Durante décadas, las instituciones de salud mental han funcionado al margen de los estándares internacionales, con escasos recursos y bajo la sombra del estigma. La falta de programas de seguimiento comunitario para pacientes egresados de hospitales psiquiátricos los deja a la deriva una vez que retornan a sus hogares, especialmente cuando las familias carecen de los recursos económicos para cuidarlos.
La negligencia en el caso de Misleydis refleja también la descomposición del tejido social, agravado por el éxodo migratorio masivo que ha dejado a muchos ancianos y niños solos, dependiendo de un sistema de asistencia social que se encuentra en bancarrota y dominado por la burocracia insensible.
Consecuencias y panorama futuro
Mientras Romelio Martínez continúa su búsqueda sin apoyo estatal, el futuro de su nieto se mantiene en la incertidumbre más absoluta. La indolencia mostrada por las instituciones cubanas en este caso evidencia una violación flagrante de los derechos humanos más elementales: el derecho a la vida, a la protección de la infancia y a la seguridad de las personas con discapacidad.
La respuesta de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos debe centrarse en señalar estas violaciones silenciosas. La dictadura cubana no solo restringe las libertades políticas, sino que también implementa y tolera políticas de abandono que cuestan vidas y destruyen familias. Sin un cambio estructural que exija rendición de cuentas y transparencia en los procesos de búsqueda y asistencia social, casos como el de Misleydis seguirán engrosando las listas de tragedias invisibilizadas en la isla.
