La activista cubana Diasniurka Salcedo, residente en Estados Unidos desde hace poco más de un año, enfrenta una investigación por presunto abuso infantil en Hialeah tras recibir varias denuncias anónimas. Salcedo y su esposo aseguran que las acusaciones son una represalia orquestada por la Seguridad del Estado de Cuba en respuesta a su activismo opositor y a su participación en el traslado del niño Damir Ortiz a un hospital de Miami.
De acuerdo con reportes locales, la Policía de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, abrió una indagatoria contra Salcedo y su esposo, Jorge Hernández, tras recibir una llamada anónima el pasado 28 de abril. En la comunicación, se les acusaba de cometer abuso sexual contra sus hijos adoptivos, de tres y cinco años. Esa misma jornada, a las 9:00 p.m., trabajadores sociales se presentaron sin previo aviso en la residencia familiar para iniciar las averiguaciones pertinentes.
La activista indicó que las acusaciones no se limitaron a un solo reporte, sino que se trata de tres llamadas separadas en las que se imputan delitos graves. «Por supuesto me quedé sorprendida porque nunca imaginé que la maldad humana llegara a tanto», declaró Salcedo a medios locales, confirmando que fue a partir de esta serie de denuncias que se inició formalmente el proceso investigativo por parte de las autoridades estadounidenses.
Durante el proceso, Hernández y los menores fueron entrevistados por los investigadores y trabajadores sociales. Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han presentado cargos formales contra la pareja, aunque la investigación permanece abierta. La legislación estadounidense contempla consecuencias legales severas para quienes brindan información falsa a las autoridades, especialmente si se determina que las llamadas anónimas provinieron de territorio nacional y respondieron a un intento de fraude procesal.
Salcedo emigró a Estados Unidos con su esposo y sus hijos adoptivos hace poco más de un año. La niña fue acogida por la familia cuando tenía tres meses de nacida, mientras que el niño fue adoptado a los 14 meses. Según ha explicado la opositora, la adopción se produjo en un esfuerzo por proteger a los menores de situaciones de maltrato por parte de sus familiares biológicos en la isla, y su traslado a territorio estadounidense se realizó amparado por la legalidad vigente.
A juicio de Salcedo, el origen de las acusaciones responde a una represalia política directa. «Sé que la Seguridad del Estado [de Cuba] está detrás de todo esto, porque es un factor de lógica», afirmó. El caso ha captado la atención de la comunidad exiliada debido al involucramiento previo de la activista en el complejo proceso que permitió al niño cubano Damir Ortiz llegar a Miami para recibir tratamiento médico, un hecho que adquirió gran notoriedad pública y que, presuntamente, habría encendido las alarmas en el aparato represivo del régimen.
La opositora sostiene que el objetivo de esta campaña es desacreditarla públicamente y fracturar el núcleo familiar. «Detrás del daño que puedas hacerle a una persona, están queriendo hacerle daño a dos niños que vienen de Cuba con documentos legales», señaló Salcedo. Este tipo de hostigamiento evidencia cómo la dictadura cubana utiliza tácticas de persecución más allá de sus fronteras, buscando silenciar o neutralizar a las voces críticas que han logrado asentarse en el exterior.
Contexto: La represión transnacional y la crisis estructural
El hostigamiento contra Salcedo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la política de represión transnacional que el régimen de La Habana ha ejercido históricamente contra el exilio. A medida que la crisis estructural de la isla se ha profundizado —caracterizada por una inflación galopante, el colapso total de los servicios públicos y un desabastecimiento crónico—, el gobierno cubano ha reforzado su aparato de inteligencia para espiar, infiltrar y desestabilizar a las organizaciones opositoras en el exterior. La intención es evitar que los activistas en la diáspora puedan articular campañas de presión internacional o canalizar apoyo hacia los disidentes dentro de la isla.
El éxodo migratorio sin precedentes que vive Cuba ha trasladado a suelo estadounidense a miles de opositores que en otras épocas permanecían en la isla enfrentando la represión directa. Ante la imposibilidad de ejercer el chantaje o la violencia física sobre estos ciudadanos en territorio estadounidense, las autoridades de la isla han recurrido a la utilización de redes de simpatizantes o individuos coaccionados para presentar denuncias falsas ante agencias de protección infantil o policial en EE.UU. Esta estrategia busca desviar la atención del activismo, agotar los recursos legales de los opositores y manchar su reputación pública.
Antecedentes: El caso Damir Ortiz y el colapso sanitario
El papel de Diasniurka Salcedo en el traslado de Damir Ortiz es un elemento central para entender la presunta represalia. El caso del menor cubano conmocionó a la opinión pública al evidenciar el deterioro del sistema de salud en la isla y la falta de recursos para tratar enfermedades complejas. El ejecutivo cubano suele mostrar una alta sensibilidad ante estos casos, ya que la evacuación médica de pacientes críticos expone internacionalmente las deficiencias de la sanidad pública, un pilar tradicional de la propaganda oficial del régimen.
La gestión para sacar a Damir Ortiz de Cuba y trasladarlo a un hospital en Miami requirió un esfuerzo logístico y diplomático que incomodó profundamente a las autoridades de la isla. Los activistas que median en estas operaciones humanitarias suelen ser vistos por el Estado como elementos perturbadores que violan el monopolio informativo y cuestionan la supuesta cobertura social del gobierno. Por ello, no es infrecuente que estos gestores enfrenten acoso judicial, confiscación de bienes o, como en el caso de Salcedo, campañas de descrédito orquestadas desde el extranjero una vez que logran salir del país.
El desenlace de esta investigación determinará no solo el futuro legal de la familia Salcedo-Hernández, sino que servirá como un termómetro para medir la capacidad de las instituciones estadounidenses para detectar y neutralizar operaciones de represión transnacional provenientes de Cuba. Si las denuncias se comprueban infundadas y se rastrea su origen a instigadores de la dictadura, el caso podría sentar un precedente sobre cómo el sistema judicial de Florida protege a la comunidad exiliada de las maquinaciones del Estado cubano. Mientras tanto, la activista continúa bajo escrutinio, en medio de una creciente preocupación por el uso de agencias de protección infantil como herramientas de guerra política por parte de los servicios de inteligencia cubanos.
