El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel concedió una nueva entrevista a un medio brasileño en la que volvió a negar la existencia de presos políticos, censura y persecución en la isla, repitiendo un discurso que contrasta frontalmente con las denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, las sanciones de la comunidad democrática y el testimonio de miles de cubanos que han sufrido la arbitrariedad del régimen. Su narrativa evoca los mecanismos de control descritos hace décadas por el disidente yugoslavo Milovan Djilas en su célebre obra «La nueva clase», un retrato preciso de la nomenklatura cubana.
En su intervención ante el periodista brasileño, Díaz-Canel insistió en presenting a Cuba como un país gobernado por el pueblo, con plenas garantías jurídicas, libertad de expresión, debido proceso y sin exilios forzados ni diásporas. Estas afirmaciones, pronunciadas con la misma retórica invariable que ha caracterizado al régimen durante más de seis décadas, chocan con la realidad documentada por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de Naciones Unidas, que han registrado de forma sistemática detenciones arbitrarias, juicios sumarios, acoso a opositores y restricciones severas a la libertad de prensa en la isla.
El gobernante cubano calificó de «entelequia» la existencia de presos políticos en Cuba, una afirmación que contradice no solo los registros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino también las propias palabras de dirigentes del régimen que han repetido históricamente que «las calles son de los revolucionarios» y que «las universidades son para los revolucionarios», frases que constituyen una declaración explícita de exclusión política y social para todos aquellos que disientan del discurso oficial. La propia definición de «contrarrevolucionario» como categoría penal y administrativa confirma que el disenso está criminalizado en el ordenamiento jurídico cubano.
El espejo yugoslavo: Djilas y «La nueva clase»
El análisis que el ex vicepresidente yugoslavo Milovan Djilas plasmó en su obra «La nueva clase», publicada en 1957 y por la cual fue condenado a siete años de prisión, ofrece un marco interpretativo extraordinariamente preciso para entender la estructura de poder en Cuba. Djilas, que fue dirigente del Partido Comunista yugoslavo y amigo personal del mariscal Tito, conoció desde dentro los mecanismos del totalitarismo soviético y su expansión por Europa Oriental. Su ruptura con el sistema comunista no provino de una conversión ideológica externa, sino de la observación directa de cómo la burocracia partidista se convertía en una nueva clase privilegiada que sustituía una dominación por otra.
Djilas escribió que «en el sistema comunista la inseguridad es el ambiente en que vive el individuo. El Estado le da la oportunidad de que se gane la vida, pero con la condición de que se someta». Esta descripción corresponde punto por punto con la experiencia cotidiana de millones de cubanos, cuya supervivencia económica depende de la tolerancia del Estado, que controla el empleo, la vivienda, la educación y el acceso a bienes básicos. La subordinación política no es una elección, sino una condición material de existencia. Quien disiente pierde no solo derechos civiles, sino la posibilidad misma de sustentarse.
El pensador yugoslavo añadió que «el poder o la política constituyen el ideal de quienes tengan el deseo o la oportunidad de vivir como parásitos a expensas de los demás» y que «las ambiciones sin escrúpulos, la adulación servil y los celos tienen que ir en aumento inevitablemente». En Cuba, este fenómeno se manifiesta en una nomenklatura que acumula privilegios inaccesibles para la población común, incluyendo acceso a divisas, atención médica diferenciada, viviendas de calidad y consumo de bienes importados, mientras la ciudadanía enfrenta un desabastecimiento crónico que obliga a la mayoría a depender de remesas familiares o del mercado negro para conseguir alimentos, medicinas y productos de higiene.
La represión como sistema, no como excepción
La negación de Díaz-Canel se produce en un contexto en el que la dictadura cubana ha intensificado los mecanismos de control social tras las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas. La respuesta estatal incluyó detenciones masivas, juicios sumarios sin garantías procesales y condenas que en varios casos superaron los veinte años de privación de libertad para ciudadanos cuyo único delito fue ejercer el derecho a la protesta pacífica. Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de presos políticos en las cárceles cubanas, una cifra que el régimen se niega sistemáticamente a reconocer.
El acoso no se limita a la represión policial directa. El régimen ha perfeccionado un sistema de persecución integral que incluye el hostigamiento laboral, la expulsión de centros educativos, la estigmatización comunitaria y el acoso a familiares de opositores. Esta red de control difuso, operada por la Seguridad del Estado y estructuras de vigilancia barrial, tiene como objetivo aislar al disidente de su entorno social y económico, generando un costo personal tan elevado que muchos optan por el exilio antes que continuar ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Los testimonios de escritores, periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes perseguidos por expresar ideas contrarias al régimen son abundantes y consistentes. Las denuncias incluyen allanamientos de domicilios bajo pretextos ficticios, intimidación a familiares enfermos o ancianos, interceptación de comunicaciones, prohibición de viajes al exterior y campañas de difamación orchestradas desde medios oficiales. Estas prácticas, lejos de ser actos aislados de funcionarios excedidos, forman parte de una doctrina de control social diseñada y dirigida desde los niveles más altos del aparato represivo.
Contexto: crisis estructural y éxodo masivo
El discurso de Díaz-Canel se pronuncia en medio de la peor crisis económica y social que ha enfrentado Cuba en los últimos treinta años. La inflación descontrolada, la devaluación del peso cubano, el colapso del sistema eléctrico, el deterioro del sistema de salud pública y la escasez generalizada de alimentos y medicinas han generado un nivel de precariedad que ha precipitado un éxodo migratorio sin precedentes. Desde 2022, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, según cifras de organismos migratorios de Estados Unidos, México y países de América Latina, lo que representa aproximadamente el diez por ciento de la población nacional.
Este flujo migratorio masivo no es únicamente una consecuencia de la situación económica, sino también una respuesta a la ausencia de perspectivas políticas y la persistencia de la represión. La imposibilidad de participar en la vida pública sin someterse a la ortodoxia del Partido Comunista, la falta de libertades económicas reales y la certeza de que cualquier intento de cambio será respondido con violencia estatal configuran un escenario en el que la emigración se convierte en la única vía de escape para una proporción creciente de la población, especialmente entre los jóvenes.
Djilas, que premonitoriamente escribió a propósito de la rebelión húngara de 1956 que «es el principio del fin del comunismo» porque «ha marcado el camino que tarde o temprano otros países comunistas deben seguir», ofreció una reflexión que resuena con particular fuerza en el caso cubano. La caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991 demostraron la validez de su análisis sobre la inviabilidad estructural del sistema comunista. Cuba, sostenida durante décadas por el subsidio soviético primero y el venezolano después, sobrevive hoy como uno de los últimos reductos de un modelo que la historia ha desacreditado de forma contundente.
El descrédito de un discurso agotado
La reiteración por parte de Díaz-Canel de un discurso que niega realidades evidentes y verificables revela no solo la desconexión de la dirigencia cubana con respecto a la vida cotidiana de la población, sino también la dependencia de un relato propagandístico que ha perdido toda credibilidad tanto dentro como fuera de la isla. La afirmación de que en Cuba no existen presos políticos, censura ni persecución resulta insostenible frente a la abundancia de evidencia documental, testimonial y judicial que demuestra lo contrario.
El futuro inmediato de Cuba se debate entre la profundización del modelo autoritario, con su correlato de empobrecimiento y éxodo, y la presión creciente de una sociedad que ha demostrado su disposición a desafiar al régimen a pesar de la represión. La comunidad internacional, por su parte, mantiene una postura de condena formal frente a las violaciones de derechos humanos en la isla, aunque la efectividad de esa postura se ve limitada por la falta de mecanismos de exigencia y por los intereses geopolíticos que rodean la relación con el gobierno cubano. Lo que resulta indudable es que el retrato que Djilas trazó hace casi siete décadas sigue siendo la descripción más precisa de la realidad que Díaz-Canel se empeña en negar.
