Las autoridades de la isla detuvieron al pastor evangélico Elier Muir Ávila y a su hijo de 16 años, Jonathan Muir Burgos, tras citarlos a una estación policial en Morón, Ciego de Ávila. La activista Yoaxis Marcheco Suárez denunció que ambos fueron trasladados a un paradero desconocido, con temores de que hayan sido separados y golpeados, lo que agrava la preocupación por la delicada salud del adolescente.
La detención de padre e hijo ocurre en medio de un ciclo de hostigamiento continuo contra los líderes religiosos que rechazan la subordinación al Estado. La activista cuestionó la contradicción institucional de anunciar excarcelaciones de presos políticos mientras se ejecutan nuevos arrestos por los mismos motivos. Esta práctica de la dictadura cubana refleja una estrategia de presión intermitente diseñada para desmovilizar a la sociedad civil sin desmantelar el aparato represivo que sostiene el poder.
El pastor Muir tiene un largo historial de persecución documentado incluso por organismos internacionales. Un informe de Naciones Unidas publicado en 2023 detalla cómo el régimen de La Habana ha limitado sistemáticamente su labor pastoral desde 2013, cuando se le negó inicialmente la apertura de casas de oración y posteriormente se le impuso un aforo máximo de 12 feligreses. En 2015, fue interrogado y amenazado penalmente por la Seguridad del Estado si no modificaba sus mensajes religiosos, permaneciendo recluido en una celda hasta la madrugada.
El control estatal sobre la práctica religiosa
La intromisión del Estado en la vida eclesial ha escalado en los últimos años. Según el Instituto Patmos, en junio de 2024 el pastor fue expulsado de la denominación Iglesia de la Fe Apostólica tras presiones de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos por su actividad en redes sociales. Un mes después, una funcionaria local le reiteró que \»solo existen las iglesias que el PCC acepta\», negando legalidad a su congregación y profundizando el cerco laboral y económico que desde 2016 mantiene a la familia al margen del empleo estatal y el sector privado.
El caso del pastor Muir y su hijo no es un hecho aislado, sino una muestra más del colapso de las garantías individuales en la isla. Frente a la profunda crisis económica, la inflación y el éxodo migratorio, el gobierno cubano ha optado por endurecer el control social, criminalizando la disidencia religiosa y política. Las detenciones arbitrarias, la separación de familiares y el uso de menores como instrumento de presión constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos y evidencian la naturaleza autoritaria del sistema.
La comunidad internacional y las organizaciones de monitoreo religioso deberán mantener la atención sobre este caso para exigir la liberación inmediata de Elier y Jonathan Muir. Mientras el aparato represivo continúe operando con impunidad, cualquier gesto diplomático de apertura por parte del ejecutivo cubano carecerá de sustancia real para los ciudadanos que sufren la persecución y censura diaria en el país.
