Las autoridades penitenciarias de la Prisión de Jóvenes del Cotorro, conocida como Ivanov, negaron la atención de salud al opositor y manifestante del 11J Walfrido Rodríguez Piloto durante una crisis de asma, como represalia por no portar la indumentaria de recluso, en un hecho que constituye una grave violación de los derechos humanos y un trato cruel hacia los presos políticos en la isla.
El activista, de 57 años, denunció telefónicamente que durante un fuerte ataque de asma sufrido a finales de noviembre, el jefe de grupo del penal, identificado como el militar Iván Rosales Pupo, le manifestó que \»bien se podía morir en el destacamento\». La orden de negar la asistencia médica provino del jefe de Orden Interior, el oficial Sandy Gómez Miller, quien justificó la arbitrariedad argumentando que el recluso no tenía derecho a atención por no vestir el uniforme obligatorio.
Sin embargo, el expediente carcelario de Rodríguez Piloto contiene un certificado médico que respalda su excepción. Documentos emitidos por dermatólogos del propio sistema penitenciario avalan que el activista padece dermatitis severa, condición clínica que lo autoriza a vestir prendas de algodón de color blanco en sustitución del uniforme de poliéster, material que agrava su cuadro dermatológico. Además del asma, el preso político sufre de úlcera, pancreatitis, hipertensión y hemorroides.
Represión sistemática y violación de normativas internacionales
El caso de Rodríguez Piloto no es un hecho aislado, sino que refleja la política de aniquilamiento físico y psicológico que la dictadura cubana aplica contra quienes se atreven a disentir. El cuentapropista, vecino del reparto El Palenque en el municipio La Lisa, fue trasladado a este centro de máximo rigor a principios de noviembre. Se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021, cuando participó en las protestas pacíficas que recorrieron la isla. El régimen de La Habana lo condenó a 10 años de prisión bajo los cargos tipificados de \»desórdenes públicos\» y \»desacato\».
A lo largo de su cautiverio, Rodríguez Piloto ha sido sometido a constantes castigos que contravienen las Reglas Mandela, relativas al trato digno de las personas privadas de libertad. Su nombre figura en la base de datos de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, con sede en Madrid, que documenta las violaciones de derechos fundamentales en Cuba. La negación de servicios básicos de salud a presos políticos evidencia la crueldad institucional del ejecutivo cubano y exige una condena contundente por parte de la comunidad internacional para frenar el abuso de poder contra la ciudadanía.
