Un grupo de parlamentarios de Chile presentó una resolución para condenar las violaciones de derechos humanos en la isla y respaldar la creación de un mecanismo judicial internacional que juzgue los crímenes perpetrados por la dictadura cubana, una iniciativa impulsada y respaldada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).
La Resolución N° 125, ingresada por un grupo de diez diputados en la Cámara baja chilena, se encuentra actualmente en tramitación. El texto solicita al Ejecutivo de ese país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que manifieste su rechazo a la represión sistemática en la isla y reafirme el valor universal de los derechos humanos. Además, insta al gobierno chileno a coordinar acciones diplomáticas con Estados democráticos y organismos internacionales para promover la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.
La iniciativa toma como antecedente el trabajo de la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, conocida como Justicia Cuba. Fundada en 2017, esta organización ha recopilado testimonios sobre graves violaciones que, según el texto legislativo, se enmarcan en el Estatuto de Roma. Entre estas atrocidades se incluyen encarcelamientos políticos, persecución religiosa, ejecuciones, torturas y deportaciones internas, lo que ha permitido identificar a 43 integrantes del régimen de La Habana presuntamente responsables de estos delitos.
Una estrategia para enfrentar la impunidad
La presentación de esta resolución se enmarca en los esfuerzos de la Asamblea de la Resistencia Cubana para fortalecer los frentes diplomáticos y judiciales contra la dictadura castrista. Durante una conferencia de prensa en Miami, la organización subrayó que el objetivo es abrir caminos jurídicos internacionales para que los responsables de la represión comparezcan ante la justicia. Esta acción internacional refleja la urgencia de abordar la falta de libertades y el clima de persecución que ha mantenido a la sociedad civil sometida durante décadas, elemento central del colapso institucional y el constante éxodo migratorio que sufre la isla.
Aunque la propuesta parlamentaria aún no equivale a la creación inmediata del tribunal ni a una decisión ejecutiva del Estado chileno, marca un precedente significativo en la región frente al silencio histórico sobre los abusos del poder en Cuba. La eventual adopción de esta postura por parte de Chile podría sumar nuevos aliados a las exigencias de rendición de cuentas, presionando a las autoridades cubanas y enviando un mensaje claro de que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes ante la comunidad internacional.
