Las autoridades de la isla han desatado la indignación ciudadana en Santiago de Cuba tras vender latas de pescado caducadas a los afectados por el huracán Melissa. La comercialización de productos expirados, en medio de una emergencia sanitaria y estructural, contrasta con la opaca gestión de los millones de dólares en ayuda humanitaria destinados a la región.
El activista Elías Navarro denunció a través de redes sociales la venta de latas de pescado a 40 pesos cuya fecha de vencimiento, según imágenes verificables, expiró el 5 de noviembre de 2025. La distribución de estos alimentos en mal estado ocurre en un territorio que sufre severas carencias y brotes epidemiológicos tras el paso del ciclón. Navarro cuestionó la ausencia de productos frescos provenientes de donaciones internacionales, señalando que la población recibe alimentos expirados mientras enfrenta la contaminación por diversos virus y la emergencia sanitaria.
La denuncia del activista fue recibida con hostigamiento por parte de simpatizantes del régimen de La Habana, quienes exigieron el encarcelamiento de los críticos a través de insultos. Ante estos ataques, Navarro reiteró que la verdadera degradación del país proviene de la dictadura cubana, la cual no tolera la exposición de sus desmanes ni la exigencia de condiciones dignas para la población. Esta respuesta represiva refleja el patrón habitual del Estado ante el descontento social generado por su propia ineficiencia administrativa.
Opacidad en la gestión de ayuda y colapso sistémico
Testimonios de residentes en diversas localidades confirman un patrón generalizado de negligencia. En el barrio Veguita de Galo, una ciudadana reportó haber recibido latas vencidas desde 2023, mientras otros internautas señalaron que los productos frescos permanecen en los almacenes de la cúpula dirigente. La situación en el oriente cubano se agrava en un contexto de colapso sistémico: extensos apagones, falta de agua potable y hospitales sin recursos. En lugar de distribuir gratuitamente la ayuda humanitaria, el gobierno cubano opta por vender alimentos en mal estado, profundizando la vulnerabilidad de miles de damnificados.
La indignación cobra mayor relevancia ante la falta de rendición de cuentas sobre los fondos internacionales. La ONU presentó un plan de asistencia de 74,2 millones de dólares, liberando 4 millones de manera anticipada, a lo que se suman ofrecimientos de Estados Unidos (3 millones) y Noruega (400.000 dólares). Sin embargo, no existe información pública sobre el destino de estos recursos. En municipios de Holguín y Chivirico, en Guamá, los residentes aseguran haber recibido raciones mínimas —como arroz en mal estado y chícharos añejos— que incluso se descontaron de la cuota mensual, en lugar de entregarse como asistencia gratuita.
La comercialización de alimentos caducados a víctimas de un desastre natural evidencia la profundidad de la crisis institucional y la falta de escrúpulos en la gestión pública. Mientras la población del oriente de la isla continúa luchando por su supervivencia básica, la brecha entre la cooperación internacional recibida y la asistencia real entregada a los ciudadanos amenaza con desbordar la ya frágil estabilidad social. La comunidad internacional enfrenta el reto de exigir mecanismos de auditoría independientes para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes realmente la necesitan, evitando que se convierta en una nueva fuente de lucro para el aparato estatal.
