Una mujer de 33 años y su pareja actual fueron asesinados a puñaladas por el expareja de ella en el municipio de Nueva Paz, Mayabeque. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) eleva a 35 los feminicidios verificados en la isla durante 2026, un saldo que evidencia la inacción del régimen de La Habana frente a la violencia machista.
El ataque ocurrió en el batey La Lima, donde Maribel Pérez Linares fue atacada por su expareja. La agresión también cobró la vida de la pareja actual de la víctima, quien falleció posteriormente en un centro hospitalario a causa de las heridas con arma blanca. La confirmación de estos hechos, que dejaron a dos menores de edad en total orfandad, provino de fuentes comunitarias recogidas por OGAT, ante la ausencia de cobertura oficial sobre el tema.
Con este nuevo crimen, la plataforma independiente contabiliza 35 feminicidios en lo que va de 2026, además de 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia de género. La organización ha alertado sobre el constante incremento de estos casos y ha señalado que las cifras reales podrían ser dramáticamente superiores. La severa crisis energética, con apagones de hasta 45 horas, sumada a la falta de conectividad en gran parte del territorio nacional, impide documentar con precisión la magnitud de la tragedia.
Impunidad y abandono institucional
El caso de Mayabeque no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la crisis estructural que atraviesa la isla y la falta de voluntad política del gobierno cubano para proteger a las mujeres. Organizaciones feministas y observatorios independientes han exigido reiteradamente la implementación de una ley integral contra la violencia de género y la declaración de un estado de emergencia por feminicidios, demandas que han sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades de la isla. La ausencia de estadísticas oficiales actualizadas constituye una muestra más del encubrimiento estatal ante un problema que cobra vidas a diario.
La inacción de la dictadura cubana frente a la violencia machista revela una vez más su desprecio por la integridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Mientras el ejecutivo cubano prioriza el control represivo y la vigilancia social, las mujeres quedan completamente desprotegidas frente a agresores que actúan ante la certeza de la impunidad. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la presión sobre La Habana para exigir transparencia estadística, mecanismos eficaces de protección y el cese de las políticas que invisibilizan el terrorismo de género en Cuba.
