Una mujer de 31 años y su hija de 12 fueron asesinadas en su vivienda en el asentamiento de Pedroso, municipio Batabanó, Mayabeque, por la pareja de la víctima, quien se entregó a la policía tras el crimen. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha clasificado el caso como feminicidio y feminicidio infantil, elevando a 19 los crímenes machistas contabilizados en la isla durante este año.
El suceso ocurrió en la madrugada, cuando el presunto agresor, identificado por pobladores locales como Yohandry, atacó a las víctimas con un arma blanca. Reportes oficiales señalaron como causa de muerte una \»anemia aguda\», un término médico asociado a hemorragias masivas por trauma. La brutalidad del ataque también dejó gravemente heridas a la madre de la mujer, quien intentó defenderla, y a una vecina que acudió a ayudarlas. Un hijo menor, de siete años, logró escapar ileso, mientras se confirma que la menor asesinada no era hija del victimario.
El doble crimen evidencia la desprotección sistemática que enfrentan las mujeres en la isla. Plataformas feministas independientes han denunciado reiteradamente la ausencia de mecanismos eficaces de prevención por parte del gobierno cubano. Aunque la legislación nacional aborda la violencia de género de manera tangencial, el régimen de La Habana se rehúsa a tipificar el feminicidio en su código penal, limitándose a emplear eufemismos institucionales como \»asesinato por razones de género\», lo que invisibiliza la magnitud de la crisis.
Opacidad institucional y represión al activismo
Con este nuevo caso, el registro del OGAT contabiliza 19 feminicidios en lo que va de 2026, además de 14 intentos y un asesinato de un hombre por motivos de género. Desde 2019, las organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 300 crímenes machistas en Cuba, un trabajo arduo que se realiza en medio de la criminalización del activismo por parte de la dictadura cubana. Las autoridades de la isla no publican estadísticas sistemáticas ni datos desagregados, manteniendo un muro de opacidad que impide a la ciudadanía dimensionar la verdadera emergencia social que atraviesa el país.
La tragedia en Batabanó no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la inacción del ejecutivo cubano frente a una crisis estructural que cobra vidas de manera recurrente. Mientras el Estado prioriza el control político y la represión sobre la seguridad ciudadana, las mujeres y niñas quedan a merced de agresores violentos sin protocolos públicos de protección. La exigencia de una ley integral contra la violencia de género y el cese de la censura sobre el trabajo de los colectivos feministas se mantiene como una deuda histórica que la sociedad civil seguirá reclamando frente a la indolencia oficial.
