Un grupo de cinco destacados economistas cubanos presentó una exhaustiva propuesta de 120 páginas diseñada para sustituir el fallido modelo de planificación central por una economía social de mercado, condicionando la recuperación material de la isla a una urgente transformación política y el fin del monopolio del poder por parte del régimen de La Habana.
El documento, titulado \»Propuesta para transformar la economía cubana\», fue elaborado por los académicos Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. La hoja de ruta aboga por medidas estructurales de calado profundo, entre las que destacan la fragmentación del conglomerado militar GAESA, la eliminación del monopolio de CUPET sobre la distribución de combustibles y una ampliación real de la propiedad privada. El plan, que cuenta con el acompañamiento institucional del Cuba Study Group, se divide en tres fases de estabilización, recuperación productiva y reforma institucional con una duración estimada de varios años.
El informe diagnóstico que acompaña la propuesta no escatima en señalar la responsabilidad del gobierno cubano en la profunda crisis que asola a la nación. Los expertos atribuyen el deterioro a la convergencia del agotamiento del modelo económico, los errores persistentes en la política oficial y las transformaciones geopolíticas. Aunque reconocen que las sanciones estadounidenses agravan los efectos al restringir el acceso a financiamiento y mercados, los economistas son claros al afirmar que estas no son la causa fundamental del colapso, sino la ineficiencia estructural del sistema y la falta de libertades para el sector productivo.
Rechazo al modelo asiático y exigencia de libertades
Uno de los aspectos más críticos del texto es su rechazo expreso a replicar los modelos de liberalización económica sin libertades políticas aplicados en China o Vietnam. Los autores advierten que la ausencia de alternancia y controles ciudadanos mantiene las reformas sujetas a decisiones discrecionales, un escenario inviable para Cuba. En este sentido, la propuesta exige que la transformación económica debe ir acompañada de un cambio institucional que garantice un Estado democrático de derecho. Esto implica el cese de la dictadura cubana en términos de control absoluto, exigiendo libertad de expresión, asociación y prensa, así como elecciones pluripartidistas, transparentes y competitivas que subordinen a los gobernantes a la Constitución.
Para que esta hoja de ruta sea viable, los economistas plantean cuatro supuestos de trabajo: un avance sustantivo en las negociaciones entre La Habana y Washington, una inserción internacional más diversificada, financiamiento externo de emergencia y, de manera crucial, condiciones políticas internas que permitan sustituir el modelo vigente. La viabilidad del plan choca frontalmente con la reluctancia de las autoridades de la isla a ceder espacios de poder, lo que sugiere que la implementación de estas medidas requeriría una ruptura con la actual inercia represiva y de control estatal sobre la economía.
La presentación de esta iniciativa reaviva el debate sobre el futuro del país en un momento de máxima tensión social, marcado por la inflación descontrolada, el éxodo migratorio histórico y el colapso de los servicios básicos. La comunidad internacional y los actores diplomáticos tendrán en sus manos el papel de presionar o facilitar las condiciones para que propuestas técnicas de esta naturaleza dejen de ser un ejercicio académico y se conviertan en una alternativa real frente a la intransigencia del ejecutivo cubano. La ciudadanía aguarda soluciones tangibles, mientras el régimen se enfrenta a la encrucijada de democratizar el poder o profundizar el colapso nacional.
