El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aprobará solicitudes específicas para la reventa de petróleo de origen venezolano hacia Cuba, siempre que las transacciones beneficien exclusivamente al sector privado y a la población civil. La medida, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), prohíbe tajantemente que estas operaciones involucren o beneficien al ejército, los servicios de inteligencia o cualquier entidad estatal de la isla.
La normativa, detallada en la Pregunta Frecuente 1.238 emitida por la OFAC, establece un marco de \»política favorable de licenciamiento\» para solicitudes que busquen autorizar el traslado de crudo venezolano para uso comercial y humanitario en Cuba. Aunque las transacciones deben ser coherentes con los términos de la Licencia General de Venezuela (GL) 46A, el documento aclara que los solicitantes no necesitan estar establecidos en territorio estadounidense. La clave de esta flexibilización radica en su enfoque restrictivo hacia el aparato estatal, buscando canalizar los recursos hacia la incipiente economía privada.
De manera explícita, las autoridades estadounidenses delimitaron qué operaciones quedan excluidas de este permiso. No podrán acogerse a la medida las transacciones que beneficien a personas o entidades asociadas con el ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales, incluyendo a aquellas listadas en la Lista Restringida del Departamento de Estado. Asimismo, la OFAC recordó que el Departamento de Comercio regula la exportación de crudo estadounidense a la isla, y que bajo la Excepción de Licencia \»Apoyo al Pueblo Cubano\» (SCP), se autorizan exportaciones de gas y otros derivados para mejorar las condiciones de vida sin requerir permisos adicionales de la OFAC.
El contexto de la crisis energética y el control estatal
Esta decisión de Washington llega en un momento crítico para la isla, sumida en una profunda crisis energética y un colapso sistémico de sus servicios públicos. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad estructural para garantizar el suministro de combustible, lo que ha derivado en apagones prolongados, paralización de la producción agrícola e industrial, y una inflación descontrolada que azota a la población. Al permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) importen combustible directamente, se busca aliviar la asfixia económica de la ciudadanía, eludiendo la ineficiencia y la corrupción que caracterizan la distribución centralizada impuesta por el gobierno cubano.
A futuro, esta política representa un desafío directo al monopolio económico de la dictadura cubana, particularmente a las empresas controladas por la cúpula militar (GAESA), que históricamente han lucrado con la importación y distribución de hidrocarburos. La medida obliga al ejecutivo cubano a tolerar un flujo de recursos que escapa a su control directo o, de lo contrario, enfrentar el descontento social si intenta sabotear estas importaciones privadas. La comunidad internacional y los actores económicos en la isla observarán de cerca cómo las autoridades de La Habana gestionan esta fisura en su bloqueo interno contra la prosperidad ciudadana.
