El Departamento de Estado de Estados Unidos ha movilizado a sus misiones diplomáticas en el mundo para oponerse a la resolución anual de la Asamblea General de la ONU que exige el levantamiento del embargo a Cuba, argumentando que la crisis en la isla es producto de la incompetencia del régimen y no de las sanciones internacionales.
A través de un cable interno al que tuvo acceso la agencia Reuters, el gobierno estadounidense ha instruido a sus diplomáticos a presionar a otros países para que voten en contra, se abstengan o no participen en la votación no vinculante. Históricamente, el régimen de La Habana ha utilizado esta resolución, aprobada casi unánimemente desde 1992 con el respaldo de 187 naciones el año pasado, como coartada internacional para justificar el colapso económico, la hiperinflación y la escasez estructural que sufre la población, eludiendo así su propia responsabilidad administrativa y política.
La estrategia diplomática de Washington incluye exponer el respaldo de la dictadura cubana a la invasión rusa en Ucrania. El documento interno detalla que los representantes estadounidenses informarán a la comunidad internacional sobre la presencia de hasta 5.000 ciudadanos cubanos combatiendo junto a las fuerzas de Moscú. Esta revelación pone de manifiesto el grado de subordinación de las autoridades de la isla a los intereses geopolíticos del Kremlin, en detrimento de la vida de sus propios ciudadanos, quienes son utilizados como instrumento de una política exterior ajena a los intereses nacionales.
Tráfico de personas y mercenarios en el frente de batalla
La participación cubana en el conflicto bélico ha sido documentada recientemente por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que reportó la captura de un tercer nacional por parte de las fuerzas ucranianas. Se trata de Ernesto Michel Pérez Alvelaes, un joven nacido en Trinidad que trabajaba como obrero de la construcción en Moscú y fue engañado con promesas de labores de reconstrucción para luego ser enviado al frente de batalla, donde se entregó tras presenciar la muerte de decenas de soldados. Este caso ilustra la vulnerabilidad de los cubanos, obligados a emigrar por el desabastecimiento interno y posteriormente reclutados como carne de cañón en conflictos internacionales.
Estas denuncias fueron expuestas durante una sesión informativa sobre seguridad nacional en el Capitolio, liderada por los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar. En el encuentro, autoridades ucranianas detallaron desde Kiev la presunta participación directa del ejecutivo cubano en el reclutamiento de combatientes, así como vínculos con el lavado de dinero ruso. Esta dinámica se enmarca en el agotamiento del modelo impuesto por el poder en Cuba, que ha provocado un éxodo migratorio masivo y una dependencia creciente hacia actores internacionales cuestionados para sostener su frágil economía.
El panorama diplomático para el gobierno cubano en la ONU podría complicarse este año si la estrategia de Washington logra mermar el respaldo automático que ha recibido durante décadas. La exposición de su rol en el conflicto ucraniano y la creciente evidencia de que la crisis nacional responde a la corrupción sistémica y la falta de libertades podrían reconfigurar la postura de la comunidad internacional, dejando a la isla más aislada frente al escrutinio sobre sus violaciones a los derechos humanos y su complicidad en agresiones bélicas globales.
