El llamado Cartel de los Soles, una estructura de narcotráfico infiltrada en las altas esferas militares venezolanas, ha mantenido su operatividad durante más de tres décadas gracias a la impunidad que garantiza el régimen de Caracas, generando creciente alarma en Washington por su capacidad de proyección internacional y sus vínculos con aliados estratégicos como el gobierno cubano.
El término \»Cartel de los Soles\» surgió en la prensa venezolana a principios de los años noventa, vinculado a investigaciones por tráfico de drogas dentro de la Guardia Nacional. El nombre alude a las insignias en forma de \»soles\» que identifican el rango de los oficiales superiores de ese cuerpo armado. Desde entonces, la expresión ha evolucionado hasta convertirse en sinónimo de una red que facilita y protege el tránsito de cocaína desde territorio venezolano hacia Estados Unidos, el Caribe y África Occidental, con ramificaciones que preocupan a la comunidad internacional.
A diferencia de los grandes carteles colombianos o mexicanos, esta estructura no opera de forma centralizada. Diversos estudios sobre crimen organizado en Venezuela lo describen como una red fragmentada y adaptable, integrada por oficiales en servicio activo y retirados que controlan puntos específicos de la cadena de tráfico: pasos fronterizos en los estados de Táchira y Apure, puertos en el Caribe venezolano y pistas en zonas selváticas próximas a Colombia y Brasil. Analistas señalan que este sistema cumple además una función política interna: en un país donde la crisis económica ha deteriorado los salarios, permitir el acceso a rentas ilícitas se convierte en una forma de asegurar la lealtad militar al régimen.
La conexión con Cuba y el eje autoritario
El rompimiento de la cooperación militar con Estados Unidos a finales de los noventa, impulsado por Hugo Chávez, marcó un punto de inflexión. Sin presencia de la DEA y en medio de un reordenamiento interno de las Fuerzas Armadas, algunos oficiales comenzaron a controlar territorios fronterizos y rutas estratégicas. Paralelamente, las guerrillas colombianas, especialmente las FARC, encontraron refugio en Venezuela. Esta interacción facilitó acuerdos operativos: logística, protección territorial y uso de pistas clandestinas a cambio de rentas. Es en este contexto de rearticulación geopolítica donde el régimen de La Habana ha jugado un papel relevante como aliado estratégico de Caracas, compartiendo inteligencia, cooperación militar y mecanismos de elusión de sanciones internacionales.
En 2020, fiscales estadounidenses señalaron a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de \»conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense\». Washington ofrece actualmente 50 millones de dólares como recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro, y 25 millones por Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles no solo facilita el tráfico de cocaína, sino que lo hace con la intención de \»usar la droga como arma política\» contra el propio territorio estadounidense, una acusación que subraya el carácter transnacional de la amenaza.
Implicaciones para la estabilidad regional
Las acusaciones fiscales alegan que, desde hace al menos dos décadas, sectores del gobierno venezolano habrían colaborado con grupos armados colombianos para inundar de cocaína el mercado norteamericano, a cambio de apoyo territorial y financiamiento ilícito. Según declaraciones oficiales del Departamento de Estado, este sistema habría permitido a la cúpula civil y militar venezolana obtener beneficios económicos y, al mismo tiempo, reforzar alianzas internas que garantizan la estabilidad del régimen. Para los analistas, la persistencia de esta estructura criminal refleja no solo el grado de captura institucional en Venezuela, sino también la complicidad silenciosa de socios como la dictadura cubana, que se beneficia del flujo de recursos ilícitos y de la cooperación con regímenes parias en la región.
La consolidación del Cartel de los Soles como mecanismo de gobernabilidad dentro del aparato estatal venezolano plantea interrogantes críticos sobre el futuro de la seguridad hemisférica. Mientras el régimen de Caracas persista en su negación de la existencia de esta red y mantenga intactos sus lazos con aliados como las autoridades de la isla, la capacidad de Washington y de la comunidad internacional para desarticular estas estructuras permanecerá limitada. Las consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía de ambos países, sometida a sistemas autoritarios que priorizan la supervivencia del poder sobre el estado de derecho, la transparencia y el bienestar de sus poblaciones.
