Una investigación basada en estados financieros internos revela que el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), controlado por las Fuerzas Armadas, posee al menos 18.000 millones de dólares en activos líquidos. Mientras el régimen de La Habana justifica el colapso de los servicios básicos y la escasez extrema, este capital permanece intacto, evidenciando un gobierno paralelo que opera sin rendición de cuentas.
El reportaje, sustentado en más de 20 documentos contables filtrados y analizado por economistas como Pavel Vidal y Mauricio de Miranda Parrondo, expone una realidad contrastante. En medio de la peor escasez de alimentos, combustible y medicamentos desde la independencia de la isla, la cúpula militar acumula una fortuna que no se destina a paliar las urgencias de la población. Mientras los jubilados sobreviven con apenas cinco dólares al mes y el salario estatal promedio no supera los 16 dólares, las autoridades de la isla mantienen un silencio absoluto sobre el destino de estos recursos.
Las cifras reveladas demuestran la magnitud de la inacción gubernamental frente al deterioro estructural del país. Con apenas una fracción de los fondos ocultos por GAESA, el gobierno cubano podría solucionar problemas que aquejan a la ciudadanía desde hace décadas. Por ejemplo, garantizar la importación de medicamentos esenciales durante más de cuatro siglos, o financiar el mantenimiento del sistema eléctrico nacional por más de 70 años, poniendo fin a los apagones constantes que paralizan la economía y la vida cotidiana.
El abandono de la infraestructura y la salud pública
El contraste en la asignación de recursos es evidente. Durante el último año, el ejecutivo cubano priorizó la inversión en el sector turístico, destinando más de un tercio del presupuesto estatal a hoteles, mientras la salud recibía una porción minúscula. Redirigir una pequeña parte de los 18.000 millones multiplicaría por diez la inversión sanitaria actual. Asimismo, una inyección de capital sostenida permitiría modernizar el sistema ferroviario, rehabilitar la red vial y renovar la obsoleta infraestructura de telecomunicaciones de ETECSA, cuyos servicios se han encarecido mientras su calidad decae.
La existencia de este capital oculto desmiente la narrativa oficial que atribuye la crisis exclusivamente al embargo estadounidense. Los fondos serían suficientes para cubrir la deuda externa vencida o establecer un fondo soberano que estimulara la producción nacional y el sector privado. Sin embargo, la dictadura cubana prefiere mantener un conglomerado militar que opera como un Estado paralelo, perpetuando la precariedad de los ciudadanos. Esta revelación no solo compromete la legitimidad del régimen de La Habana ante la comunidad internacional, sino que evidencia que la solución a la crisis humanitaria de la isla existe, pero está secuestrada por el poder militar.
