El director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, compareció ante el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes para exigir la liberación de los presos políticos en la isla y responsabilizar a los gobiernos democráticos por su complicidad histórica con el régimen de La Habana.
Durante una sesión informativa centrada en la situación de los derechos humanos en el Caribe, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó al legislativo canadiense que presione al gobierno cubano para la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia. Asimismo, la organización instó a Canadá a respaldar la creación de un fondo internacional destinado a reparar a las víctimas de la represión y a impulsar la documentación de los funcionarios implicados en encarcelamientos arbitrarios.
En su intervención, González Raga no solo responsabilizó a la dictadura cubana por el endurecimiento represivo, sino también a las democracias occidentales que durante décadas mantuvieron lazos comerciales y diplomáticos con las autoridades de la isla sin exigir contrapartidas en materia de libertades. \»Cada apretón de manos normalizó a la dictadura; fue una sentencia más para quienes resistíamos dentro de la Isla\», manifestó el activista, quien recordó sus propios años de encarcelamiento para subrayar que el silencio internacional favorece a los opresores.
Extrema pobreza frente al enriquecimiento militar
La exposición ante los legisladores canadienses incluyó datos reveladores sobre el colapso estructural que atraviesa el país. González Raga detalló que más de 800 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, mientras que en 2025 se han documentado al menos 875 violaciones a la libertad religiosa. A esto se suma un estudio del observatorio que evidencia cómo el 89% de los hogares cubanos sobrevive en condiciones de pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de subsistencia.
Esta precariedad generalizada contrasta drásticamente con el poder económico del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla el sector turístico y comercial de la isla, el cual ha acumulado activos que rondan los 18.000 millones de dólares. Ante esta desigualdad, el OCDH propuso que los recursos provenientes de bienes presuntamente malversados por la cúpula del régimen sean utilizados para indemnizar a las víctimas de confiscaciones, destierros y encarcelamientos políticos, una iniciativa que ya fue presentada ante las autoridades de la Unión Europea.
Implicaciones y exigencia histórica
La solicitud del OCDH plantea un desafío diplomático para Canadá y otros países que han mantenido relaciones con el ejecutivo cubano, instándolos a asumir una obligación moral con las víctimas de la represión. \»Una libertad que no repara a sus víctimas queda incompleta\», concluyó González Raga, dejando claro que la comunidad internacional deberá pasar de la retórica a las acciones concretas si busca contribuir a una verdadera transición democrática y a la restitución de los derechos fundamentales en Cuba.
