El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha enviado una misiva a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, para contradecir sus recientes declaraciones sobre el impacto de las medidas coercitivas en la isla. La organización con sede en Madrid sostiene que la crisis humanitaria y económica que atraviesa la población es producto directo del modelo comunista impuesto por las autoridades de La Habana, y no del embargo estadounidense.
La respuesta de la organización no gubernamental llega tras la visita de Douhan a territorio cubano para evaluar el efecto de las sanciones unilaterales. En su informe preliminar, la relatora instó a Washington a levantar las restricciones y atribuyó a estas la escasez de alimentos, medicinas y combustible. Sin embargo, el OCDH presenta datos contrastantes: según sus encuestas, apenas el 3% de los cubanos atribuye sus penalidades al embargo de Estados Unidos, mientras que el 92% desaprueba rotundamente la gestión económica y social del gobierno cubano.
Los datos aportados por el Observatorio de Derechos Sociales (ODS-Cuba) refuerzan esta postura. El octavo estudio de esta entidad revela que el 89% de las familias cubanas sobrevive en condiciones de pobreza extrema. Asimismo, el 78% de la población encuestada manifiesta su deseo de abandonar el país o conoce a alguien con intenciones de emigrar, un indicador elocuente del agotamiento social ante la profunda crisis estructural que vive la nación.
Prioridades del Estado y represión institucional
En su misiva, el OCDH cuestiona de frente las prioridades del régimen de La Habana. La organización señala la contradicción de que el ejecutivo cubano priorice la construcción de infraestructura hotelera para el turismo por encima de la dotación de hospitales y centros de salud. \»¿Por qué el embargo no afecta a estas actividades, pero sí, según el Gobierno cubano, a la compra de material médico y alimentos?\», cuestiona la carta. Además, denuncia que el sistema de salud pública se encuentra al borde del colapso debido a la prioridad estatal de captar divisas mediante la exportación de servicios médicos, lo que ha mermado la atención primaria en la isla.
En el plano de las libertades, la organización subraya la hipocresía institucional al recordar que la dictadura cubana ha negado de manera sistemática la entrada al país a otros relatores de Naciones Unidas encargados de investigar libertad de expresión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y esclavitud moderna. Mientras que la relatora sobre medidas coercitivas unilaterales tuvo vía libre, los mecanismos vinculados a la represión estatal y las violaciones de derechos humanos siguen encontrando las puertas cerradas por parte del régimen.
Finalmente, el OCDH exige que el informe final que Douhan presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en 2026 refleje no solo la perspectiva oficial, sino que incorpore las observaciones de otros expertos de la ONU y de actores democráticos dentro y fuera de la isla. La conclusión de la organización es categórica: la realidad de desabastecimiento, pobreza y éxodo masivo no es consecuencia de políticas exteriores, sino del fracaso inherente del sistema político y económico vigente en Cuba, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el poder.
