El periodista y preso político cubano Ángel Cuza Alfonso ha denunciado desde la prisión de Guanajay una nueva serie de violaciones de derechos humanos por parte de la Seguridad del Estado, tras ser detenido de forma arbitraria en julio de 2025. En una carta enviada desde la cárcel, el comunicador expone el uso de causas penales fabricadas para justificar su reclusión y declara que, frente a una nueva condena injusta, «prefiere la muerte antes que estar en prisión».
Cuza Alfonso, quien ha sido catalogado por organizaciones de derechos humanos como preso político en reiteradas ocasiones, fue trasladado recientemente a la prisión de Guanajay bajo el pretexto de integrar una supuesta «lista de plantados». Esta maniobra administrativa es frecuentemente utilizada por el régimen de La Habana para reubicar a los reclusos que se mantienen firmes en sus posturas disidentes, sometiéndolos a condiciones de mayor severidad, hostigamiento y aislamiento dentro del penal.
La trayectoria de persecución contra este periodista es extensa y documentada. Su primer encarcelamiento se produjo el 30 de abril de 2021, cuando fue recluido en el Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas, de donde salió tras ocho meses de cautiverio. Posteriormente, volvió a ser privado de su libertad entre el 7 de noviembre de 2023 y el 2 de mayo de 2025, fecha en la que cumplió una sanción de año y medio en el Combinado del Este, en La Habana. Estos antecedentes evidencian un patrón sistemático de hostigamiento hacia su persona.
El último episodio de represión ocurrió el 25 de julio de 2025. Según relata el propio Cuza en su misiva, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron a buscarlo sin una citación formal, interceptándolo mientras se encontraba frente a la casa de su madre, quien padece problemas de salud. El comunicador fue trasladado inicialmente a la estación policial de 3ra. y 10, en el municipio capitalino de Playa, y posteriormente a la unidad de Marianao, conocida popularmente como la «6ta».
El montaje policial y la confiscación de bienes
Durante el registro en la unidad de Marianao, los agentes afirmaron haber encontrado una bala calibre .38 entre sus pertenencias, imputándole un delito por «pertenencias de armas de fuego y explosivos». Sin embargo, la versión oficial colapsa ante los testimonios de sus allegados. Ana Castillo, expareja de Cuza y madre de su hija, ha explicado de manera reiterada que el periodista portaba la bala desde hacía años como un simple amuleto y que en ningún momento tenía un arma de fuego en su poder.
La arbitrariedad no terminó con la falsa acusación. Horas después de la detención, a Cuza le fueron devueltos sus objetos personales, pero su teléfono móvil «desapareció». Un oficial del calabozo le informó que el aparato había sido incautado por la Seguridad del Estado. Esta es una práctica habitual de la dictadura cubana para impedir la comunicación de los disidentes, confiscar evidencias de los abusos policiales y bloquear el trabajo periodístico independiente que documenta la crisis nacional.
En la misiva dirigida al medio independiente CubaNet, el periodista expone con claridad la naturaleza política de su persecución. «Denuncio al órgano represivo de la Seguridad del Estado por todas las violaciones cometidas en mi persona por tan solo pensar diferente», escribió Cuza. Asimismo, subrayó la ausencia total de garantías procesales: «Todo esto se hizo sin ningún papel oficial. Me llevaron detenido, me acusaron falsamente y luego mi teléfono fue retirado sin explicación. Quiero que se conozcan las violaciones que se cometen contra un cubano de a pie. En Cuba no hay derechos humanos, todos se violan».
El fragmento final de la carta refleja el nivel de desesperación y agotamiento físico y mental al que son sometidos los presos políticos en la isla. «Soy preso político por tercera vez. Si tengo que pagar otra condena por culpa de la Seguridad, prefiero la muerte. Prefiero la muerte antes de estar en prisión», afirmó el opositor, lanzando una alerta sobre su integridad física ante la posibilidad de un nuevo proceso judicial amañado.
Contexto: La represión como herramienta de control sistémico
El caso de Ángel Cuza Alfonso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Cuba. Organizaciones independientes de monitoreo advierten sobre un patrón sostenido de criminalización de la disidencia, donde el uso de causas penales fabricadas se ha convertido en la herramienta predilecta de las autoridades de la isla para silenciar a los críticos sin despertar el repudio internacional que generaban las sentencias explícitamente políticas del pasado.
Esta estrategia represiva se intensificó drásticamente tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021, cuando el gobierno cubano optó por el encarcelamiento masivo, juicios sumarios y la imposición de penas desproporcionadas para desarticular cualquier brote de descontento social. La criminalización de periodistas y activistas pacíficos funciona como un mecanismo de castigo ejemplarizante dentro de un sistema carcelario colapsado, donde el hacinamiento extremo, la ausencia de atención médica adecuada, la violencia entre reclusos fomentada por la negligencia penitenciaria y la malnutrición son denunciadas de forma constante por los reclusos y sus familiares.
Además, esta ofensiva contra la libertad de expresión ocurre en paralelo a la peor crisis económica de las últimas décadas, caracterizada por una hiperinflación galopante que destruye los salarios, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso energético que provoca apagones superiores a las 10 horas diarias en gran parte del territorio nacional. Ante la incapacidad manifiesta del ejecutivo cubano para ofrecer soluciones a la precariedad material, la represión se ha endurecido como único método para contener un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza joven y evitar nuevas movilizaciones sociales que amenacen la estabilidad del régimen.
Implicaciones y respuesta institucional
La situación del periodista continúa siendo monitoreada por defensores de derechos humanos dentro y fuera de la isla, quienes exigen su liberación inmediata e incondicional. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido tibia frente a la escalada represiva de la dictadura cubana. Organismos como la Unión Europea y la ONU mantienen un diálogo diplomático que, hasta el momento, no ha logrado detener las violaciones sistemáticas ni la impunidad de los órganos de seguridad del Estado.
El dramático ultimátum de Ángel Cuza pone sobre la mesa el costo humano de la política represiva del régimen. Si las autoridades de la isla proceden con un nuevo juicio amañado, no solo estarán condenando a un periodista por ejercer su derecho a la libre expresión, sino que estarán asumiendo la responsabilidad directa sobre su vida. La comunidad internacional y las organizaciones de prensa deben mantener la presión para evitar que esta amenaza se convierta en una tragedia más dentro de los oscuros muros del sistema penitenciario cubano.
