La Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobó un nuevo plan estratégico de 116,4 millones de dólares para Cuba, destinado a operar hasta 2030. La decisión llega en medio de un severo colapso productivo y escasez en la isla, coyuntura que obliga al régimen de La Habana a depender de la cooperación internacional mientras anuncia el fin del carácter universal de la libreta de racionamiento.
El acuerdo, que entrará en vigor a mediados de 2026, fue negociado durante meses entre el PMA y las autoridades de la isla. Durante el proceso de votación, Estados Unidos y Marruecos se opusieron a la iniciativa. El canciller Bruno Rodríguez celebró la aprobación y acusó a Washington de ejercer presiones para bloquear el programa, en declaraciones recogidas por la prensa oficial. El representante permanente de Cuba ante la ONU, Luis Cepero, destacó que el plan facilitará las operaciones de la agencia, incluyendo el acceso a combustible para mejorar la logística de distribución y la atención a los sectores más vulnerables.
Dependencia internacional frente al colapso interno
La inyección de fondos multilaterales ocurre en un escenario de deterioro acelerado de la economía nacional. La incapacidad del gobierno cubano para sostener la producción agrícola, sumada a la escasez crónica de alimentos, los apagones prolongados y la inflación galopante, ha disparado la dependencia de la ayuda externa para asistir a una población cada vez más empobrecida. El nuevo plan del PMA busca reforzar la seguridad alimentaria, evidenciando la falta de capacidad estatal para garantizar el sustento básico de la ciudadanía.
Paralelamente a la captación de ayuda internacional, el régimen de La Habana confirmó el fin del carácter universal de la libreta de abastecimiento. Las nuevas medidas económicas impulsadas por Miguel Díaz-Canel limitarán la canasta básica subsidiada a jubilados, familias con niños que padecen enfermedades crónicas y personas en situación de vulnerabilidad. Esta decisión altera un pilar histórico del sistema de control estatal sobre la alimentación, trasladando la carga de la crisis a amplios sectores de la población que quedan excluidos del subsidio.
La combinación de planes de asistencia internacional con recortes internos refleja la estrategia del ejecutivo cubano para gestionar el colapso estructural sin implementar reformas profundas que liberalicen la economía. Mientras la dictadura busca mantener el control político a través de la focalización de los subsidios, la ciudadanía enfrenta un futuro inmediato de mayor precariedad, dependiendo cada vez más de las remesas y de la caridad externa para sobrevivir ante la ineficiencia crónica del modelo estatal.
