Tras 40 días en huelga de hambre y en estado crítico, el activista Yosvany Rosell García accedió a recibir suero de rehidratación a petición de su esposa en un hospital de Holguín. El caso evidencia una vez más la política de tortura y abandono sistemático del régimen cubano contra los disidentes encarcelados.
El opositor de 37 años y padre de tres hijos se encuentra atado a una cama en un centro hospitalario de la provincia oriental. Su decisión de ingerir líquidos intravenosos representa un mínimo alivio ante el severo deterioro físico que presenta tras más de un mes de protesta. Sin embargo, fuentes cercanas al caso denuncian que las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado no han abordado sus demandas, sino que han optado por ejercer presión psicológica y chantaje emocional sobre sus familiares para forzar el fin de la huelga.
La situación de Rosell García expone el patrón represivo de la dictadura cubana frente a los reclamos de los reclusos políticos. La política institucional de las prisiones en la isla prioriza la rendición del preso sobre la preservación de su vida. En este contexto, los funcionarios del Ministerio del Interior y los médicos asignados a los penales actúan bajo directrices políticas, interviniendo médicamente solo cuando el recluso está al borde de la muerte, como ocurrió en los fatales casos de Orlando Zapata Tamayo en 2010 y Wilmar Villar Mendoza en 2012.
El uso de la huelga de hambre como única vía de exigencia
Las cárceles cubanas se han convertido en escenarios de constantes violaciones a los derechos humanos, donde la indefensión total frente a la maquinaria represiva obliga a muchos reclusos a extremar sus protestas. Las denuncias sobre confinamiento en celdas de castigo, alimentación forzada y agresiones físicas para doblegar a quienes protestan, incluso a aquellos que cosen sus labios con alambres, son constantes. El régimen de La Habana mantiene un silencio cómplice frente a estas prácticas, criminalizando la disidencia y negando la condición de presos políticos a quienes reclaman mejoras en sus condiciones de encierro.
Mientras el gobierno cubano se niegue a humanizar el trato a los reclusos y a despenalizar la disidencia, episodios como el de Yosvany Rosell García seguirán repitiéndose. La persistencia de estas huelgas de hambre refleja la profundidad de la crisis institucional y de derechos fundamentales que atraviesa la isla. Ante la indiferencia de las autoridades de la isla, la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos resulta urgente para evitar que la intolerancia estatal siga cobrando vidas en el sistema penitenciario.
