El Ministerio del Interior (MININT) reconoció que un agente de la Policía Nacional Revolucionaria disparó y hirió a un menor de edad en Camagüey, un suceso calificado oficialmente como \»accidental\» que evidencia la falta de transparencia en los protocolos de uso de la fuerza por parte de las autoridades de la isla. El incidente, que dejó al adolescente intervenido quirúrgicamente, ha sido rodeado de un fuerte despliegue de seguridad y una rápida campaña de descrédito contra la prensa independiente.
Según la versión oficial emitida por el MININT, el suceso ocurrió durante la noche cuando el oficial intentaba detener a un joven de 14 años, descrito por las autoridades como un individuo de \»pésima conducta social\» que presuntamente portaba un arma blanca y opuso resistencia. El comunicado asegura que \»se le escapó un disparo\» del arma reglamentaria del policía, impactando al menor, quien fue trasladado al Hospital Provincial Infantil \»Eduardo Agramonte Piña\» y se encuentra fuera de peligro de muerte.
Sin embargo, la narrativa gubernamental presenta profundas lagunas y se acompaña de la habitual retórica represiva. El comunicado del MININT aprovecha para atacar a los \»cibermercenarios\», acusándolos de manipular la información, una táctica recurrente de la dictadura cubana para censurar cualquier escrutinio ciudadano sobre la violencia estatal. El periodista independiente José Luis Tan Estrada, exiliado en México, había denunciado previamente el hecho, detallando que el hospital y sus alrededores permanecían fuertemente custodiados por la Seguridad del Estado y dirigentes del Partido Comunista, lo que refleja el hermetismo con el que el ejecutivo cubano maneja estos casos.
Vacío legal y ausencia de control sobre la policía
Ninguna de las versiones disponibles detalla elementos esenciales para evaluar la legitimidad del uso de la fuerza, tales como la distancia del disparo, el número de agentes presentes o el protocolo específico aplicado para neutralizar a un presunto agresor. En Cuba, no existe un reglamento operativo público que regule de manera detallada los criterios para el uso de armas de fuego por parte de la PNR. Esta ausencia de normativas claras y accesibles permite al régimen de La Habana operar sin rendición de cuentas, amparándose en cláusulas genéricas del Código Penal sobre legítima defensa, las cuales no constituyen una licencia previa para el uso letal de la fuerza.
A nivel internacional, los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza establecen que los funcionarios solo deben usar armas de fuego en casos de amenaza inminente de muerte o lesiones graves. El hecho de que un policía haya disparado contra un menor, bajo la excusa de un \»accidente\» o la resistencia a un arresto, plantea serias dudas sobre el cumplimiento de estos estándares y sobre la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden en la isla.
Este suceso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el progresivo endurecimiento de la represión social y la crisis institucional que atraviesa el país. Ante la falta de un órgano fiscal verdaderamente independiente que supervise las acciones del MININT, la ciudadanía queda a merced de la arbitrariedad policial. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la presión para exigir investigaciones imparciales que esclarezcan los abusos de poder, garantizando que la violencia estatal contra la población civil, y especialmente contra los menores, no quede en la total impunidad.
