El gobierno cubano detalló este jueves las nuevas medidas para el uso de moneda extranjera en la isla mediante el Decreto-Ley 113. La normativa, anunciada durante la Mesa Redonda por el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, condiciona el acceso a las divisas a la autorización estatal, prioriza a sectores estratégicos para el régimen y deja fuera del circuito financiero a la ciudadanía común que no realiza actividades económicas formales.
El nuevo sistema de transacciones en divisas no establece una liberalización del mercado, sino un mecanismo de control jerarquizado. El ejecutivo cubano justificó la medida como parte de su programa para \»corregir distorsiones y reimpulsar la economía\», enfocado en la estabilización macroeconómica. Alonso Vázquez admitió que la isla atraviesa un proceso de dolarización parcial, calificándolo de \»no deseado\» pero \»imprescindible\». Sin embargo, el diseño de la norma garantiza que el Estado sea el encargado de concentrar, controlar y distribuir la moneda extranjera, decidiendo unilateralmente qué sectores productivos o de servicios son considerados \»priorizados\».
La regulación abarca a empresas estatales, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas, trabajadores por cuenta propia, campesinos y artistas con actividad económica formal, así como a entidades extranjeras y operadores de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. No obstante, las autoridades de la isla dejaron claro que quedan explícitamente excluidas las personas naturales que no realicen actividades económicas, marginando a una gran parte de la población del acceso directo a este sistema. Además, solo podrán operar en divisas aquellos actores vinculados a la exportación, sustitución de importaciones u otras áreas definidas por La Habana.
Control estatal en medio del colapso monetario
Esta medida se implementa en un contexto de profunda crisis estructural, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y una fragmentación monetaria que ha generado múltiples tasas de cambio en el mercado informal. Al obligar a los actores económicos autorizados a abrir cuentas en divisas en la banca nacional, informar sobre sus proveedores y clientes, y someterse a la trazabilidad del Banco Central de Cuba, la dictadura cubana refuerza su capacidad de vigilancia sobre los flujos de capital. Lo que se presenta oficialmente como un esfuerzo de ordenamiento, en la práctica constituye un cerco burocrático que ahoga la iniciativa privada y profundiza la desigualdad de acceso a la riqueza frente a un Estado fallido en su gestión financiera.
El impacto de este Decreto-Ley recaerá directamente sobre la ciudadanía, que seguirá dependiendo del mercado negro para acceder a moneda extranjera para sus necesidades más básicas, mientras las remesas y el escaso capital circulante quedan bajo el escrutinio estatal. La concentración de las divisas en manos del gobierno cubano, en detrimento de la libertad económica individual, augura un escenario de mayor represión financiera. Ante la incapacidad del régimen para generar riqueza de forma autónoma, los actores económicos privados en la isla deberán evaluar el riesgo de operar bajo un sistema donde las reglas del juego están supeditadas a las necesidades de supervivencia del aparato estatal.
