El primer ministro del régimen de La Habana, Manuel Marrero, anunció durante una reunión del Consejo Provincial de Gobierno en Cienfuegos que, de las 640 toneladas de pescado planificadas para la captura en plataforma marina en 2026, apenas 128 toneladas se destinarán al consumo de la población. Esta decisión, que deja sin explicación el destino del 80% restante, evidencia el desprecio gubernamental ante la grave inseguridad alimentaria que azota a la isla.
Durante su intervención en el territorio cienfueguero, el jefe de Gobierno cubano exhortó a \»priorizar la pesca en el mar\», estableciendo una meta de captura para el próximo año. Sin embargo, las autoridades de la isla omitieron detallar qué ocurrirá con las 512 toneladas restantes. Esta opacidad burocrática contrasta de forma alarmante con la realidad de un país rodeado por el mar, donde el acceso a proteínas marinas en los establecimientos estatales es hoy una quimera para la mayoría de los ciudadanos en zonas urbanas.
La escasez de pescado no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas de mala gestión por parte del ejecutivo cubano. Hace años, productos como el jurel o el chicharro formaban parte de la libreta de abastecimiento, incluso para dietas médicas. Sin embargo, el régimen de La Habana sustituyó progresivamente este producto nacional por pollo de importación. En 2017, los medios oficiales justificaron la eliminación del pescado de la canasta básica bajo el argumento de un \»reordenamiento\», una decisión que ha profundizado el desabastecimiento crónico en las carnicerías del país.
Un país insular a la cola en consumo de proteína marina
El colapso de la industria pesquera estatal ha llevado a Cuba a niveles de consumo de pescado inferiores a los de otras naciones del Caribe con poblaciones y geografías similares, como Haití, Honduras o Guatemala. Mientras el Estado falla en su función de garantizar la seguridad alimentaria, el pescado y los mariscos solo se consiguen con cierta regularidad en el mercado informal. En este sector paralelo, los precios se disparan a cifras inalcanzables para el salario medio cubano, excluyendo a amplios sectores de la población de una fuente nutricional esencial.
La planificación revelada en Cienfuegos es un reflejo más del modelo centralizado y desconectado de las necesidades reales de la ciudadanía que impone la dictadura cubana. Destinar apenas una quinta parte de la captura al pueblo, en medio de una crisis alimentaria sin precedentes y una inflación galopante, no solo agrava la desnutrición y la pobreza, sino que reafirma la prioridad del aparato estatal por encima del bienestar común. Ante este escenario, la falta de transparencia sobre el destino del 80% de los recursos pesqueros profundiza la desconfianza social y agudiza el deterioro de la calidad de vida en la isla.
