La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una reforma constitucional que elimina el límite de edad de 60 años para asumir la presidencia de la República en un primer mandato. La modificación, impulsada por el Consejo de Estado a propuesta de Raúl Castro, fue respaldada de forma unánime por los diputados, consolidando un ajuste normativo que facilita la permanencia de la cúpula dirigente en el poder.
De los 462 miembros que componen el Parlamento cubano, 440 diputados estuvieron presentes en la sesión, alcanzando una participación del 95,2%. La votación se realizó de forma nominal, con cada legislador expresando su apoyo en voz alta. El ejecutivo cubano justificó esta alteración del artículo 127 de la Constitución argumentando que responde a la realidad demográfica del país, caracterizada por una población envejecida.
El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, defendió la iniciativa señalando que las circunstancias actuales son \»diferentes a aquellas en el momento en que se aprobó la Constitución\». Por su parte, José Luis Toledo Santander, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, afirmó que la Constitución no debe convertirse en un obstáculo y debe adaptarse cuando sea estrictamente necesario. Además, descartó que este cambio requiera ratificación mediante un referéndum, al considerar que no afecta los poderes presidenciales ni los límites de los mandatos.
Continuismo y adaptación legal del poder
La reforma permite, según la narrativa oficial difundida por medios estatales, que \»individuos plenamente capaces, mayores de 60 años, con experiencia, resultados probados en su trabajo, lealtad demostrada y trayectoria\» asuman la máxima responsabilidad del país si así lo dicta la conveniencia de la dirigencia. Esta maniobra legislativa se enmarca en la costumbre de la dictadura cubana de modificar las reglas del juego para garantizar la supervivencia del modelo político frente a la falta de un recambio generacional real y la crisis estructural que atraviesa la isla.
Aunque se mantienen intactos otros requisitos constitucionales para ocupar la presidencia —como tener al menos 35 años, gozar de plenos derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no poseer otra ciudadanía—, la eliminación del tope de edad refuerza el continuismo. En un contexto de aguda crisis económica, inflación galopante, colapso de los servicios básicos y un masivo éxodo migratorio, las autoridades de la isla priorizan los ajustes institucionales que blindan su permanencia en el poder, en lugar de implementar aperturas democráticas o soluciones efectivas a la profunda precariedad ciudadana.
