La Habana enfrenta una profunda crisis económica y social que el gobierno cubano atribuye sistemáticamente al embargo estadounidense, obviando décadas de políticas fracasadas y falta de libertades que han provocado el colapso productivo, los apagones prolongados y el éxodo migratorio más masivo de la historia reciente de la isla.
En un contexto internacional marcado por conflictos bélicos y fragmentación geopolítica, la situación de los cubanos ha perdido visibilidad en la opinión pública mundial. El régimen de La Habana aprovecha este escenario para intensificar su discurso victimista en la Organización de Naciones Unidas y otros foros multilaterales, presentando a la población —sometida a un control social sin contrapesos democráticos— como rehén del embargo norteamericano vigente desde 1962, al que atribuye la totalidad de los males que aquejan al país.
Sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida en Cuba precede por años al endurecimiento de las políticas estadounidenses. Los apagones recurrentes, la escasez de medicamentos, el colapso del transporte público, la inflación galopante y la crisis hospitalaria son problemas estructurales que se manifestaron con claridad durante períodos de mayor flexibilidad en la política de Washington hacia la isla. Si bien el impacto de las sanciones es un factor reconocido incluso por sectores críticos del gobierno cubano, la responsabilidad del ejecutivo en el fracaso del modelo económico centralizado, la intransigencia política y la prioridad de la permanencia en el poder sobre el bienestar ciudadano resulta innegable para analistas e instituciones internacionales.
La complicidad de la izquierda latinoamericana y europea
La narrativa oficial encuentra eco en sectores de la izquierda latinoamericana y europea que mantienen una imagen idealizada de la revolución cubana de sus primeros años. Figuras públicas, académicos y activistas que visitan la isla con gastos cubiertos por las autoridades rara vez trascienden los circuitos turísticos y diplomáticos diseñados para visitantes extranjeros. Cuando confrontedados con evidencias de represión política y violaciones de derechos humanos, estos sectores suelen minimizarlas o justificarlas bajo el argumento de que \»la revolución tiene derecho a defenderse\», aplicando un doble estándar que no tolerarían en sus propios países.
Recientemente, diversas iniciativas de solidaridad con Cuba han cobrado visibilidad en Europa y América Latina, aunque orientadas no a la defensa de los derechos humanos ni a la liberación de presos políticos, sino al respaldo del gobierno cubano. Entre estas destacan proyectos como la flotilla organizada con la participación de la activista sueca Greta Thunberg, cuya naturaleza ha sido cuestionada por analistas que la califican de mayor impacto propagandístico que humanitario.
El drama cotidiano de los cubanos bajo la dictadura —la represión a opositores, el encarcelamiento de ciudadanos por ejercer el derecho a la libre expresión, la censura sistemática y el colapso de los servicios básicos— continúa sin generar la respuesta internacional que la gravedad de la situación exige. Mientras tanto, las autoridades de la isla persisten en atribuir al exterior las consecuencias de un modelo agotado, sin asumir la responsabilidad que les corresponde por décadas de políticas fracasadas y negación de libertades fundamentales a una población que carece de mecanismos democráticos para exigir un cambio de rumbo.
