El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que el gobierno cubano mantiene comunicación con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas— para esclarecer el enfrentamiento entre tropas guardafronteras y los tripulantes de una embarcación con matrícula de Florida ocurrido frente a las costas de Corralillo, provincia de Villa Clara, que dejó cuatro personas muertas y seis heridas o detenidas.
En un comunicado divulgado este jueves, Fernández de Cossío reprodujo la narrativa oficial del Ministerio del Interior (MININT) y calificó el incidente como \»un intento de infiltración con fines terroristas\». El vicecanciller afirmó que La Habana solicitará a Washington información sobre \»los implicados, el medio utilizado y otros detalles\» a través de los mecanismos bilaterales vigentes, y aseguró que las autoridades estadounidenses \»han mostrado disposición a cooperar\» en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Washington buscará verificar de manera independiente lo ocurrido y evitó asumir como concluyente la versión de La Habana. \»No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que [las autoridades cubanas] nos han dicho\», señaló.
Fernández de Cossío identificó nominalmente a los diez individuos que, según la versión del régimen, participaron en el episodio: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa. Los últimos cuatro figuran como fallecidos. Asimismo, el vicecanciller rectificó la inclusión inicial —por \»error de apreciación en la identificación\»— de Rolando Roberto Ascorra Consuegra, a quien descartó del grupo aunque lo describió como alguien \»conocido por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba\».
Armas y acusaciones sin evidencia verificable
La narrativa del ejecutivo cubano sostiene que entre lo incautado en la embarcación se encontraban \»fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles molotov\», además de \»equipos de visión nocturna\», \»chalecos antibalas\», \»municiones de diverso calibre\» y \»un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista\». No obstante, el propio comunicado reconoce que \»esta información sigue siendo preliminar\» y promete más detalles \»en los próximos días\». Hasta el momento, ninguna fuente independiente ha presentado públicamente evidencia específica y verificable sobre el supuesto arsenal ni su procedencia, lo que mantiene en suspenso la credibilidad de la versión oficial.
Fernández de Cossío enmarcó el episodio en la retórica habitual del régimen sobre su historia de supuestos ataques externos. \»Este no es un acto aislado\», afirmó, y sostuvo que Cuba ha sido víctima de \»incontables actos terroristas\» durante más de seis décadas, \»en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de Estados Unidos\». El vicecanciller aseguró que dos de los presuntos implicados —Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez— figuran en una \»Lista nacional de personas y entidades\» vinculadas a investigaciones penales por terrorismo que La Habana dice haber compartido con Washington en 2023 y 2025. Esta recurrente estrategia de la dictadura cubana de atribuir responsabilidad a actores externos funciona como mecanismo para desviar la atención de la crisis interna que atraviesa la isla.
El incidente ocurre en un contexto de profundización de la crisis estructural cubana, marcada por un éxodo migratorio sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, una inflación galopante y la creciente represión social ejercida por los órganos de seguridad del Estado. La narrativa del \»enemigo externo\» ha sido históricamente utilizada por el régimen de La Habana para justificar el endurecimiento del control político y la criminalización de la disidencia. En esta ocasión, la rapidez con que las autoridades cubanas han etiquetado el suceso como \»terrorismo\» —antes de cualquier investigación independiente— levanta interrogantes sobre el uso político que la dictadura podría dar al evento, especialmente en un momento de creciente tensión diplomática con Estados Unidos y de presión social interna. La respuesta de Washington, condicionada a la verificación autónoma de los hechos, determinará en gran medida las implicaciones políticas y migratorias de un caso que aún está lejos de estar esclarecido.
