El gobierno cubano inauguró el Observatorio Nacional de Drogas (OND) con el objetivo declarado de implementar una política de «tolerancia cero» frente al creciente consumo de estupefacientes en la isla. La iniciativa, presentada por altas autoridades judiciales y sanitarias, surge en medio de la alarma oficial por el aumento del narcotráfico y la adicción, particularmente entre adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad económica.
Durante la presentación del nuevo ente, la viceministra de Justicia, Pilar Varona Estrada, enfatizó que la creación de esta institución representa la «voluntad política de tolerancia cero a este flagelo». El Observatorio se sustentará en tres pilares fundamentales: una red de información para la recopilación de datos, una red de investigación científica nacional y un sistema de alerta temprana. Varona recalcó que el tráfico de drogas es considerado por las autoridades como un delito asociado a la seguridad nacional, lo que permite al Estado aplicar el mayor rigor sancionador contemplado en el Código Penal y la Constitución.
El organismo operará con asistencia técnica del programa COPOLAD III, financiado por la Unión Europea, el cual ha proporcionado diagnósticos, talleres y seminarios para su implementación. Asimismo, el ente mantendrá coordinación con centros científicos, entidades estatales y la red internacional de observatorios sobre drogas, según detallaron sus promotores. Sin embargo, la puesta en marcha de esta institución ocurre tras una serie de reportajes y declaraciones que evidencian el fracaso de las políticas de prevención estatales.
Las cifras aportadas por el Ministerio del Interior reflejan la magnitud del problema. Durante el año 2024, las autoridades de la isla incautaron 1.051 kilogramos de drogas, incluyendo cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides. En ese mismo período, se sancionó a 1.157 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes. El incremento de estas estadísticas demuestra que el narcotráfico ha dejado de ser un fenómeno marginal para integrarse peligrosamente en el tejido social cubano.
El consumo en menores y el avance del «químico»
Las autoridades sanitarias han levantado la voz de alerta sobre la alarmante edad de inicio en el consumo de drogas. El doctor Alejandro García Galcerán, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, señaló que los jóvenes comienzan a consumir estupefacientes a los 13 o 14 años. Por su parte, el viceministro de Educación, Eugenio González Pérez, admitió públicamente que existe consumo, tenencia y expendio entre adolescentes, incluyendo jóvenes de entre 16 y 19 años que ya actúan como vendedores dentro del propio sistema escolar.
El panorama se agrava con la expansión del «químico», un cannabinoide sintético altamente adictivo y de bajo costo que se ha popularizado entre los sectores más empobrecidos de la población. El medio oficial Cubadebate reconoció que esta droga ha ganado terreno en provincias como Sancti Spíritus, distribuyéndose incluso en zonas altamente vulnerables como el consejo popular Kilo-12. El teniente coronel Iván Ruiz Mata, jefe provincial de la Unidad de Enfrentamiento Especializado Antidrogas, admitió que el auge de esta sustancia se ha incrementado de manera sostenida en los últimos dos años.
Los testimonios recogidos en la prensa oficial ilustran la crudeza de la crisis. Un joven habanero de 23 años identificado como Josué resumió la situación al afirmar que «el químico es lo que queda para los pobres». Otro caso es el de Kenia, también de 23 años, quien fue condenada a siete años de prisión tras ser detenida con más de 400 porciones de la sustancia. La legislación cubana contempla penas que van desde los cuatro hasta los 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. Aunque el consumo no está penalizado, la dictadura cubana utiliza figuras legales ambiguas como el «consumo compartido» para imputar cargos por tráfico a los ciudadanos.
El aumento de los procesos penales es otra muestra de la escalada del problema. En el primer trimestre de 2025, únicamente en la provincia de Sancti Spíritus se abrieron cinco procesos judiciales por tráfico de drogas, en contraste con el único caso registrado en el mismo período de 2024. El fiscal jefe Yoan Leonel Pereira Bernal explicó que la mayoría de los implicados tienen entre 18 y 35 años, y advirtió sobre el riesgo de que el «consumo compartido» derive en severas acusaciones penales que acaban con el futuro de los jóvenes.
Contexto: El narcotráfico en medio del colapso estructural
El avance del narcotráfico y la drogadicción no puede desvincularse de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la dependencia de remesas han creado un caldo de cultivo perfecto para la desesperanza. En este escenario, el «químico» emerge como una válvula de escape para una juventud que no encuentra oportunidades laborales ni perspectivas de futuro bajo el modelo económico impuesto por el régimen de La Habana.
La falta de libertades y la represión social constante han impulsado un éxodo migratorio sin precedentes, dejando a muchos jóvenes desprotegidos o en manos de economías informales y marginales. Mientras el ejecutivo cubano anuncia medidas represivas y crea observatorios, las verdaderas causas de la vulnerabilidad juvenil —la pobreza estructural y el fracaso del sistema— permanecen intactas. La creación del OND parece ser más una respuesta punitiva y de control social que una estrategia de salud pública integral que aborde las raíces del problema.
Antecedentes y respuestas institucionales
Históricamente, el Estado cubano ha manejado el tema de las drogas como una cuestión de seguridad nacional más que de salud pública. Medidas como la Resolución 15/2019 del Ministerio de Educación, que pretendía reforzar la prevención mediante talleres y actividades comunitarias, han demostrado ser insuficientes frente a la realidad de las calles. La propia admisión del viceministro de Educación sobre el expendio de drogas en escuelas es un reconocimiento tácito del colapso de estos programas preventivos.
La inauguración del Observatorio Nacional de Drogas plantea serias interrogantes sobre el enfoque que adoptará el gobierno cubano. Si la estrategia se centra únicamente en la represión y el endurecimiento de penas, sin abordar la miseria que impulsa el consumo, es probable que el problema continúe expandiéndose. La comunidad internacional y organismos como la Unión Europea, que financian parte de estas iniciativas, deberán vigilar de cerca que la asistencia técnica no se traduzca en un respaldo a políticas represivas que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos más vulnerables de la isla.
