Las autoridades cubanas han iniciado más de 300 investigaciones y procesos penales contra operadores de divisas y remesas, a quienes acusan de delincuencia. Esta ofensiva del gobierno cubano busca controlar el flujo de moneda extranjera que el Estado es incapaz de proveer, evidenciando el fracaso del reciente sistema cambiario flotante y profundizando la asfixia económica de la ciudadanía.
El Ministerio del Interior (Minint) ha confirmado una dura ofensiva contra lo que denominan \»estructuras delictivas\» en el mercado de divisas. Según declaraciones del teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos, estas redes mueven volúmenes millonarios e involucran a cubanos residentes en el exterior como financistas. El régimen de La Habana justifica esta persecución argumentando que estos actores privados imponen tasas de conversión y obtienen ganancias de entre el 6% y el 12%, lo que, a juicio del ejecutivo cubano, afecta la estabilidad macroeconómica de la isla.
El fracaso del mercado estatal y el auge del sector privado
La criminalización de estos operadores obedece a la incapacidad estatal para gestionar la economía. Tras el lanzamiento en diciembre de un sistema cambiario flotante, la oferta oficial de divisas colapsó casi de inmediato, empujando a los actores económicos a recurrir al mercado informal. Este sector, que funciona por la ley de oferta y demanda, suplió la ineficiencia gubernamental tras la desastrosa \»Tarea Ordenamiento\» de 2021. Sin embargo, la dictadura cubana ve en la prosperidad de estas redes alternativas una amenaza a su monopolio de control, persiguiendo a quienes logran generar valor donde el Estado fracasa.
Esta ofensiva no es más que la manifestación de una política de Estado arraigada en la constitución de 2019, la cual prohíbe la acumulación de riqueza. La persecución contra los cambistas y financistas privados es una muestra más de la represión sistemática contra cualquier indicio de autonomía económica. Al acorralar a quienes facilitan el acceso a dólares necesarios para las importaciones y el funcionamiento del incipiente sector privado, las autoridades de la isla no solo ignoran la causa raíz del problema, sino que arriesgan un colapso total de la moneda nacional, ya depreciada por la inflación galopante y el desabastecimiento crónico.
El cierre de estos canales informales, lejos de estabilizar la economía, ahogará aún más a los cubanos de a pie y a los pequeños empresarios que dependen de las remesas y el crédito externo para sobrevivir. Mientras la comunidad internacional observa las eventuales conversaciones diplomáticas con La Habana, la realidad interna demuestra que el gobierno prioriza el control ideológico sobre el bienestar material. La eliminación de estos operadores cambiarios augura un escenario de mayor escasez de efectivo en moneda dura, un deterioro acelerado del peso cubano y el incremento de la presión social que, a la postre, seguirá alimentando el éxodo masivo de la población.
