El ciudadano español Martiño Ramos Soto, detenido en Cuba desde noviembre de 2025 tras huir de una condena de 13 años y medio de prisión por agresión sexual a una alumna menor de edad, fue extraditado este miércoles a Madrid tras aceptar voluntariamente su traslado, según confirmó la agencia EFE desde La Habana. Su entrega pone fin a una fuga que recorrió cuatro países y que durante meses tuvo a las autoridades cubanas en conocimiento de su paradero sin proceder a su arresto inmediato.
Ramos Soto, exprofesor sentenciado por la Audiencia Provincial de Ourense en julio de 2024, fue arrestado en La Habana el 24 de noviembre de 2025 en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida el 30 de octubre por el tribunal gallego. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había detallado entonces la gravedad de los hechos: el condenado contactó a la víctima por Instagram ocultando su identidad, ejerció abuso de poder y vulnerabilidad sobre la menor, y la sometió a lo que el órgano judicial calificó como \»prácticas sádicas\», incluyendo una paliza tras la cual la abandonó. La sentencia también lo inhabilitó por 21 años y medio para cualquier profesión con contacto regular con menores y le impuso una indemnización de 30.000 euros a la víctima.
La Policía Nacional española lo había incorporado a su lista de fugitivos más buscados, clasificándolo como individuo de \»peligrosidad alta\». Según la reconstrucción de su itinerario, Ramos Soto inició su huida en julio de 2025 rumbo a Portugal; desde Lisboa voló a Brasil, luego pasó por Perú y finalmente arribó a Cuba, donde las autoridades calculaban que llevaba cerca de cuatro meses oculto bajo el nombre falso de \»Martín Soto\». Bajo esa identidad se hacía pasar por fotógrafo, intentaba integrarse en círculos culturales de la capital y utilizaba esa coartada para acercarse a mujeres jóvenes, según publicó EFE.
La sombra de la complicidad institucional
Uno de los aspectos más reveladores del caso es que, según la misma fuente citada por EFE, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) conocía desde hacía meses la presencia del fugitivo en el país y lo mantenía bajo observación antes de proceder a su detención. Este detalle reabre el debate sobre el uso que el régimen de La Habana hace de su territorio como refugio para fugitivos extranjeros y sobre la opacidad con la que opera su aparato de seguridad interna, sin rendición de cuentas ni control judicial independiente. La colaboración con España en este caso concreto no borra el patrón sistémico de la dictadura cubana de administrar la información y la justicia según conveniencia política o diplomática.
La extraditación se produjo tras un proceso bilateral entre ambos países y después de que el propio Ramos Soto aceptara de forma voluntaria el traslado, lo que aceleró los trámites burocráticos habituales en estos procedimientos. La Policía española sospechaba que la fuga había sido planificada y que el fugitivo contaba con apoyo logístico dentro de la isla, extremo que no ha sido esclarecido públicamente por ninguna de las dos partes.
Implicaciones más allá del caso
El cierre de esta fase de la fuga representa un alivio para la Sección de Fugitivos de la Policía española, que consideraba a Ramos Soto uno de sus objetivos prioritarios. Sin embargo, el episodio deja interrogantes sobre la efectividad del control fronterizo cubano y sobre cuántos otros fugitivos de la justicia internacional podrían estar operando en la isla bajo identidades falsas, amparados por la ausencia de transparencia que caracteriza al sistema de gobierno cubano. La comunidad internacional, en particular los países con tratados de extradición vigentes con La Habana, deberá evaluar si la cooperación en este caso responde a un compromiso genuino con la justicia o a un cálculo táctico del ejecutivo cubano en un momento de creciente aislamiento diplomático y crisis económica interna.
