El gobierno de Nicaragua eliminó el beneficio de libre visado para los ciudadanos cubanos con pasaporte ordinario, poniendo fin a una política implementada en 2021 que facilitó el éxodo masivo desde la isla. La medida, contenida en una disposición del Ministerio del Interior, restringe el acceso a un territorio que se había convertido en el principal puente migratorio hacia Estados Unidos para quienes huían de la profunda crisis económica y social de Cuba.
Según informó el diario nicaragüense La Prensa, la nueva directiva cambia la categoría migratoria de los cubanos de \»A\» (exento de visa) a \»C\» (visas consultadas sin costo). Aunque la resolución aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, el documento ya fue firmado por el comisionado general Juan Emilio Rivas, director general de la Dirección General de Migración y Extranjería. Se espera que en los próximos días las autoridades de Managua notifiquen a aerolíneas, empresas de transporte y sedes diplomáticas, incluido el consulado cubano, para la aplicación inmediata de la normativa.
La decisión de las autoridades nicaragüenses se produce en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Washington ha acusado reiteradamente al régimen de Daniel Ortega de facilitar la migración irregular y ha impuesto sanciones a aerolíneas, empresarios y funcionarios vinculados al tráfico de personas. La eliminación del visado libre representa un giro en la política migratoria de Managua, motivado por la presión internacional y las medidas coercitivas contra su aparato logístico.
Una válvula de escape que se cierra para la dictadura cubana
El fin de esta ruta migratoria tiene implicaciones directas para el régimen de La Habana. La exención de visado fue otorgada por Ortega meses después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Ante el estallido social provocado por la escasez generalizada, los apagones prolongados y la falta de libertades fundamentales, el libre tránsito hacia Nicaragua funcionó como una válvula de escape para la dictadura cubana, permitiendo la salida de cientos de miles de ciudadanos descontentos y aliviando la presión sobre el aparato represivo de la isla.
Con el cierre de este corredor, el ejecutivo cubano se enfrenta al desafío de contener a una población sumida en la precariedad sin una de sus principales vías de salida. La medida podría intensificar la presión social interna y obligar a los cubanos a buscar rutas migratorias alternativas, muchas veces más peligrosas, como el mar abierto o el cruce por selvas centroamericanas. Asimismo, la decisión de Managua marca un distanciamiento táctico que evidencia las complejas dinámicas geopolíticas en la región y deja a las autoridades de la isla ante un escenario de mayor inestabilidad interna.
