Las autoridades de la isla incautaron más de 500 quintales de plátano en la provincia de Las Tunas para su posterior venta regulada a la población, una medida que evidencia la profunda crisis de abastecimiento y genera rechazo entre los ciudadanos que ven frustrados sus esfuerzos productivos. Mientras el gobierno provincial justifica la acción como un mecanismo de equidad, el Ministerio de Agricultura reconoce una caída drástica en la producción de alimentos básicos a nivel nacional.
El gobierno provincial de Las Tunas informó que los más de 508 quintales de plátano requisados durante un operativo de control fueron entregados a la Empresa de Acopio. La distribución se destinó a hospitales, centros educativos y servicios sociales, así como a la venta pública con un límite de 10 libras por persona a un precio de 35 pesos cubanos. La medida, implementada en mercados como El Mambí, Leningrado y El Tunero, priorizó a embarazadas y donantes de sangre, presentándola como una solución para garantizar el acceso a alimentos básicos en medio de la escasez.
Sin embargo, la decisión del ejecutivo cubano ha generado un profundo rechazo ciudadano, donde numerosas personas cuestionaron la lógica de decomisar productos a trabajadores y agricultores. Internautas señalaron que estas incautaciones desincentivan el trabajo del campesinado y agravan el desabastecimiento, en lugar de resolverlo. Los críticos advirtieron que resulta contradictorio que el Estado recurra a la confiscación como vía de solución ante su incapacidad estructural para garantizar la canasta básica, lo que castiga directamente a quienes producen.
Colapso sistemático en la producción de alimentos
El decomiso en Las Tunas no es un hecho aislado, sino un síntoma del colapso estructural del sector agropecuario. El ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, admitió recientemente que la producción de alimentos se encuentra en una situación crítica. Las estadísticas oficiales revelan una caída alarmante: la población avícola se redujo de ocho millones a tres millones de gallinas, y las reproductoras porcinas pasaron de 96.000 a apenas 26.000. La producción de huevos colapsó de cinco millones diarios a menos de 200.000.
El panorama es igualmente desolador para cultivos esenciales como el arroz, donde apenas se sembraron 70.000 de las 200.000 hectáreas con capacidad disponible en el país. Pérez Brito detalló que el sistema agropecuario opera con menos del 10 % del combustible necesario y el riego está reducido al 7 % de su capacidad. A esto se suma la ausencia prolongada de importaciones de fertilizantes, salvo para cultivos específicos como el tabaco y la papa, lo que asfixia el rendimiento de la tierra y limita la soberanía alimentaria.
La estrategia de incautar y revender alimentos básicos refleja la desesperación de las autoridades ante una crisis que se profundiza sin soluciones a la vista. La incapacidad de la dictadura cubana para proporcionar insumos, combustible y libertades económicas al sector agrícola condena a la población a una inseguridad alimentaria crónica. Con cada operativo de decomiso, el Estado no solo falla en su deber de abastecer a la isla, sino que profundiza la represión económica sobre los ciudadanos que intentan sobrevivir ante el fracaso del modelo estatal.
