La Habana.- La decisión de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) de restringir las recargas en pesos cubanos y priorizar los pagos en dólares ha generado un mercado negro de datos que funciona como una moneda paralela. La medida, impulsada por el régimen de La Habana para captar divisas, ha profundizado la brecha digital, provocado protestas estudiantiles y dejado al descubierto la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos frente a la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
El pasado 30 de mayo, el ejecutivo cubano, a través de su monopolio telefónico ETECSA, impuso un nuevo esquema tarifario que limitó a una sola recarga mensual en moneda nacional el acceso a internet. Con un tope de 360 CUP, la disposición obliga a los usuarios que deseen mantenerse conectados el resto del mes a adquirir paquetes extras en dólares estadounidenses o desembolsar cifras astronómicas en pesos locales. El objetivo oficial no oculta su naturaleza extractiva: incentivar las recargas desde el extranjero para drenar divisas hacia las arcas del Estado, en medio de una severa escasez de moneda convertible.
Las nuevas tarifas para los paquetes extras en pesos cubanos evidencian la desconexión de las autoridades de la isla con la realidad salarial de la población. Los precios oscilan entre 3.360 CUP por 3 GB, 6.720 CUP por 6 GB, y hasta 11.760 CUP por 15 GB. Este último equivale a casi el doble del salario medio en Cuba, que ronda los 6.800 CUP mensuales. La aritmética es implacable: la inmensa mayoría de los cubanos, cuyos ingresos dependen exclusivamente del salario estatal, se encuentran vetados de facto para acceder a la red de manera continua.
Esta disposición puso fin a un breve periodo de alivio que había comenzado tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021. En aquel momento, ante la presión social y la necesidad de calmar los ánimos, el gobierno cubano había permitido el acceso a paquetes de datos a precios inusualmente asequibles. Sin embargo, la prioridad actual de la cúpula de poder ha desplazado cualquier intento de bienestar social, imponiendo un modelo que penaliza a quienes no reciben apoyo financiero desde el exterior.
Ante la asfixia tarifaria, la población ha desarrollado mecanismos de supervivencia que han convertido el saldo telefónico en una moneda informal de intercambio. Aunque ETECSA bloqueó las recargas directas masivas en pesos, mantuvo habilitada la transferencia de saldo entre líneas móviles, permitiendo hasta tres operaciones diarias. Esta ventana técnica ha sido explotada por revendedores que, gracias a recargas internacionales, adquieren grandes volúmenes de saldo y lo fraccionan. Un usuario que recibe 7.200 CUP desde el extranjero puede comprar hasta 20 paquetes de 360 CUP, los cuales revende en el mercado negro a precios que fluctúan entre 1.000 y 1.500 CUP cada uno.
Las dinámicas de este mercado paralelo son diversas y se adaptan a la crisis financiera. Mientras algunos vendedores operan mediante transferencias bancarias o plataformas internacionales como Zelle, exigiendo comisiones por el riesgo, otros como Lester, un habanero consultado, prefieren el efectivo para evitar estafas. «El problema no somos nosotros, son las políticas que han impuesto. Los precios de los paquetes son absurdos y la gente busca opciones más baratas», aseguró. Aunque la dictadura cubana ha declarado ilegal esta actividad y amenazado con sanciones penales, la inexistencia de alternativas oficiales y la corrupción sistémica permiten que el negocio florezca en redes sociales, agrupando a miles de usuarios.
El anuncio de las nuevas tarifas no solo disparó el mercado informal, sino que desató un episodio de descontento social inédito en las universidades. Estudiantes de diversas instituciones académicas del país protagonizaron protestas y anunciaron un paro de clases, argumentando que el acceso a internet es vital para su formación. La respuesta de la dictadura fue la habitual: criminalización de las protestas, amenazas a los jóvenes y represión. Finalmente, ante la presión, el régimen de La Habana cedió mínimamente, autorizando la venta de una cantidad limitada de datos en moneda nacional a través de los centros educativos, una solución paliativa que no resuelve el problema de fondo.
Para estudiantes como Nadia, de Matanzas, las recargas asignadas por las universidades son insuficientes. «Necesitamos internet para estudiar y comunicarnos con nuestras familias. Los apagones y los precios lo hacen casi imposible», relata. La situación se replica en todos los sectores laborales. Digna, una habanera que elabora su tesis de maestría, describe cómo la medida afecta todas las esferas de la vida: «Es una frustración constante». Por su parte, Ricardo, gestor de redes sociales, denuncia que su empresa solo le costea un plan de 240 pesos al mes, insostenible para alguien que debe estar conectado más de seis horas diarias para poder trabajar.
Una crisis estructural que fragmenta a la sociedad
La dolarización forzada de las telecomunicaciones no es un hecho aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que sufre Cuba. Con una inflación descontrolada, un mercado interno desabastecido y una producción nacional estancada, el régimen de La Habana ha encontrado en la diáspora su principal fuente de financiamiento. Las medidas extractivas, como las de ETECSA, buscan exprimir hasta el último dólar de los cubanos emigrados, creando un apartheid digital donde el derecho a la información y la comunicación está condicionado por el acceso a divisas.
Esta política de captación de divisas a cualquier costo tiene un impacto social devastador. La brecha digital se superpone a la ya profunda desigualdad económica. Los sectores más vulnerables, que no cuentan con familiares en el exterior que les envíen remesas o recargas, son empujados a la marginalidad. La falta de conectividad limita sus oportunidades de estudio, restringe su acceso al trabajo remoto y los aísla en un país ya de por sí golpeado por apagones prolongados, fallas en el transporte y la escasez crónica de alimentos y medicinas.
El control de la información como herramienta de poder
El acceso a internet en Cuba ha estado históricamente mediatizado por el control político. Desde la llegada de los datos móviles en 2018, la dictadura ha mantenido un delicado equilibrio entre la necesidad de obtener ingresos y el temor a que la conectividad facilite la organización ciudadana. Las protestas del 11J demostraron el poder de las redes sociales para sortear la censura estatal. Por ello, el gobierno cubano utiliza la tarifa no solo como un instrumento económico, sino también como un mecanismo de contención social, encareciendo el acceso a plataformas que escapan de la propaganda oficial.
Consecuencias y perspectivas a futuro
La transformación del saldo telefónico en moneda paralela y la criminalización de la protesta estudiantil auguran un oscuro panorama para los derechos digitales en Cuba. Mientras el Estado prioriza la captación de divisas para sostener su ineficiente maquinaria burocrática, la ciudadanía se ve obligada a sobrevivir en la informalidad. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberían prestar atención a este apartheid digital, que no es más que otra faceta de la violación sistemática de las libertades fundamentales por parte de la dictadura cubana. El aislamiento impuesto por el régimen amenaza con profundizar el éxodo migratorio, ante la imposibilidad de miles de jóvenes de forjar un proyecto de vida en un país donde hasta el derecho a la comunicación se ha convertido en un lujo inalcanzable.
