La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad nacional debido al alarmante incremento en el robo de documentos de viaje estadounidenses, específicamente tarjetas de residencia permanente (green cards), acompañadas de exigencias de extorsión para su devolución. El fenómeno refleja el deterioro de la seguridad ciudadana y la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
La sede diplomática detalló que las víctimas de estos robos han sido objeto de chantaje, enfrentando demandas de cuantiosas sumas de dinero para recuperar sus documentos. El régimen de La Habana ha visto cómo la delincuencia común escala en medio de la precariedad, pasando de hurtos menores, como el robo de bolsos en vehículos, a crímenes violentos que incluyen asaltos a mano armada y homicidios. Ante esta situación, la Embajada ha instado a los viajeros a extremar precauciones, evitar portar documentos originales innecesariamente, no exhibir signos de riqueza y no resistirse físicamente en caso de asalto.
Recientes casos ilustran la gravedad del problema. Aracelis Gálvez Delgado denunció que su nieta, una joven cubanoamericana que viajó a Camagüey por unos días para visitar a un familiar enfermo, fue despojada de su residencia y pasaporte, presuntamente al recibir ayuda con las maletas en el aeropuerto local. A través de redes sociales, un individuo exigió 5.000 dólares por la devolución de los documentos. De manera similar, Leonardo Peña de la Cruz, residente permanente, sufrió el robo de su tarjeta durante un viaje desde Guantánamo y fue objeto de una extorsión de 4.000 dólares, optando finalmente por acudir a la Embajada en La Habana para gestionar su retorno sin ceder al chantaje.
Consecuencias del colapso económico y la inseguridad
El repunte delictivo no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural que sufre Cuba. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y la falta de oportunidades han empujado a amplios sectores de la población a la desesperación, creando un caldo de cultivo para la criminalidad. Mientras las autoridades de la isla minimizan la gravedad de la crisis, la ciudadanía y los visitantes extranjeros se convierten en víctimas de una inseguridad que el gobierno cubano es incapaz de contener, evidenciando el fracaso de su modelo de gestión.
La advertencia de la diplomacia estadounidense subraya la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad básica, un factor que disuade tanto el turismo como el contacto con la diáspora, vitales para la subsistencia del país. Ante la imposibilidad de recibir protección efectiva por parte de las fuerzas del orden, las víctimas se ven obligadas a buscar amparo en representaciones extranjeras. Esta dinámica de inseguridad y extorsión, no combatida con eficacia por la dictadura cubana, profundiza el aislamiento de la isla y añade un nivel de incertidumbre que afecta directamente a quienes intentan mantener vínculos con sus familiares en el territorio nacional.
