Un grupo de influyentes empresarios cubanoamericanos se reunió en Miami para manifestar su disposición a financiar la reconstrucción económica de la isla, pero subrayaron que no desembolsarán capital mientras el régimen de La Habana no garantice un marco legal estable, libre de injerencias estatales, y se produzcan transformaciones políticas reales.
Durante un encuentro en el sur de Florida, líderes del sector empresarial firmaron una proclama dirigida a las autoridades federales de Estados Unidos. En el documento, los inversionistas expresaron su intención de participar en la recuperación económica del país, siempre y cuando exista infraestructura financiera independiente y reglas claras para la actividad privada. Esta postura refleja una profunda desconfianza hacia las recientes medidas anunciadas por las autoridades de la isla para atraer capital del exilio.
El cónclave empresarial se produce apenas dos semanas después de que el gobierno cubano anunciara una supuesta apertura a la inversión de residentes en el exterior, liderada por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga. Sin embargo, figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, han descartado que estas medidas sean suficientes. Rubio ha señalado reiteradamente que el sistema político y económico es disfuncional y que cualquier flexibilización del embargo estadounidense está intrínsecamente ligada a un cambio drástico en la dirigencia del país.
Desconfianza ante la falta de garantías y el control estatal
La cautela del exilio empresarial también se extiende a operaciones recientes, como la exportación de combustible desde Estados Unidos hacia el sector privado cubano. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autoriza estas transacciones para apoyar a las mipymes, la importación sigue mediada por empresas estatales, lo que genera rechazo entre quienes consideran que el régimen se beneficia indirectamente. Hacia finales de marzo, apenas 30.000 barriles habían sido enviados, una cantidad ínfima frente al colapso energético que sufre la nación.
Esta reticencia a invertir se enmarca en la agudización de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La falta de garantías de propiedad privada es solo una pieza de un rompecabezas que incluye hiperinflación, apagones prolongados, un éxodo migratorio sin precedentes y la constante represión social ejercida por la dictadura cubana contra cualquier forma de disidencia. Sin un estado de derecho que proteja el capital, las promesas de apertura económica son vistas como un mecanismo de supervivencia del poder más que como una solución para la población.
De mantenerse las condiciones actuales, el flujo de capital necesario para revertir el colapso productivo de la isla seguirá bloqueado. La exigencia del sector empresarial de Florida envía un mensaje claro a la comunidad internacional y al ejecutivo cubano: sin un cambio democrático real y sin el desmontaje del sistema de control estatal, la recuperación económica de Cuba seguirá siendo una quimera, prolongando el sufrimiento de la ciudadanía y la dependencia del régimen en medidas insuficientes y coyunturales.
